Mérida, Yucatán.- Integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) demandaron poner un alto al megaproyecto del Tren Maya, por irregularidades en la consulta a las comunidades originarias y porque no implica beneficios para éstas.

Activistas y líderes pertenecientes al Pueblo Maya Peninsular y Ch’ol, asentados en Xpujil, Calakmul, Campeche, informaron hoy de las acciones jurídicas y de organización social que han emprendido.

Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica del CRIPX, pidió que los efectos de la consulta sean detenidos y anulados, así como el tren mismo sea cancelado, por violentar el derecho a la libre determinación, a la información plena y al trato de buena fe, entre otros.

“Si realmente México respeta la jurisdicción de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH) que lo obliga desde 1998, dignamente tendría que hacer eso, y no estar diciendo que se repita el proceso porque ya las bases están viciadas”, precisó.

Citó antecedentes en la CIDH con el caso de Ecuador que obligó a la anulación incluso de contratos sobre explotación petrolera.

La abogada reveló que hasta el lunes el gobierno federal no había enviado sus informes justificados que ordenó el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, como parte de la suspensión provisional, obtenida el 14 de enero, a la ejecución del Tren Maya.

La solicitud de amparo respectiva presentada el 6 de enero y el acto reclamado: “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

Como responsables: el presidente Andrés Manuel López Obrador; el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Sara López, del CRIPX del municipio de Candelaria (Campeche), afirmó que el Tren Maya no es para los pueblos indígenas, sino para las empresas transnacionales y nacionales, que a la fecha suman 85 interesadas en participar.

Por ello, convocó a una articulación en México y el extranjero, desde el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno.

“Y todos estos que estamos a nivel nacional con ellos vamos a defender la vida, de una u otra manera”, advirtió.

Argumentó que los proyectos de desarrollo son bienvenidos, pero no lo contrario, y reprochó que para quienes alzan la voz y defienden la vida hay persecución: aprehensión, encarcelamiento y asesinatos.

“Con este gobierno federal está más duro que los demás”, recriminó la mujer.

Ernesto Jiménez, representante colectivo y defensor comunitario del CRIPX, remarcó la inconformidad por las violaciones al derecho a la información y a decidir sin presiones.

En el caso del agua, recordó que en Calakmul hay desabasto y en Xpujil el suministro llega cada mes.

“Por eso decíamos: ¿cómo piensan ustedes traer el tren y darle servicio a los turistas, de los ocho mil que quieren traer diarios, si no pueden satisfacer nuestras necesidades como municipio?”, cuestionó.

También aclaró que el colectivo no está en contra del tren, ni de AMLO, ni de alguien en específico, sino por el respeto de los derechos, la ley y al Estado de Derecho.

Estuvieron en la reunión con medios de comunicación Artemia Fabre, directora de diálogo y movimiento, y Romel González, coordinador de democracia y desarrolló del CRIPX.

(LectorMx)