Mérida, Yucatán.- Las comunidades étnicas de la Península de Yucatán y de Chiapas han sido marginadas y discriminadas por el Poder Judicial de la Federación, ya que les han negado y desechado cuando menos cinco solicitudes de amparo promovidos contra el proyecto del Tren Maya.

Es la conclusión de representantes de agrupaciones y abogados, entre ellos la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, del colectivo maya Chuun t’aan, del Equipo Indignación y de Tres Barrios de Campeche, que han promovido demandas ante tribunales.

Todo indica que los jueces y magistrados del Poder Judicial federal, en vez de actuar de manera independiente y en equilibrio ante los abusos de los otros poderes, se comportan como incondicionales del poder ejecutivo, afirmó Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación A.C.

En conferencia de prensa con el tema “Violaciones del Tren Maya y la responsabilidad del Poder Judicial”, el defensor informó que cuando menos cinco demandas de amparo han sido interpuestas ante diferentes juzgados de distrito y todas han sido rechazadas.

En el XIV Distrito en Yucatán han desechado esos recursos con el pretexto de que “no hay interés legítimo” en el acto reclamado, cuando es obligación de los jueces, dijo, atender y profundizar en el análisis cuando existan demandas de carácter colectivo.

Son casos en los que han sido admitidos los amparos pero no otorgan la suspensión, al igual que ocurrió con el Juzgado II de Distrito en Campeche que admitió una demanda pero no concedió la suspensión.

Precisó que los temas de las solicitudes de amparo son: por violentar los procesos de consulta y la libre determinación de los pueblos indígenas; por reclamar el derecho a un ambiente sano; por la incompetencia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para otorgar concesiones en materia de transporte y por la afectación al patrimonio cultural que incluye vestigios arqueológicos.

Todo parece indicar que el Poder Judicial actúa a favor de los grandes intereses de los empresarios y del gobierno federal en detrimento de las comunidades y pueblos mayas que rechazan el desarrollo de ese proyecto ferroviario, apuntó.

Mencionó que en Chiapas la comunidad recibió el amparo y la suspensión definitiva a las obras del Tren Maya por inminente afectación al medio ambiente mediante resolución del Juzgado III de Distrito; sin embargo, el Tribunal Colegiado revirtió la determinación.

Dicho tribunal colegiado argumentó que se trataba de “actos inciertos” de los reclamantes, lo que revela, insistió el litigante, que los jueces, magistrados y tribunales ya tienen “línea” para rechazar estos procedimientos.

Otra solicitud de amparo fue presentada por comunidades mayas de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Morelos, en Quintana Roo, y el juez de Distrito de Chetumal se declaró incompetente al señalar que el acto reclamado se ejecutaría en Cancún.

Este tipo de procedimientos, sólo constituyen una estrategia dilatoria, acusó Fernández Mendiburu.

La representante del colectivo Tres Barrios de Campeche, Guadalupe Cáceres, denunció que el Tren Maya pretende desplazar a cerca de tres mil residentes de 293 casas y pequeños negocios con empleos.

Pese a que las colonias Santa Lucía, Ermita y Camino Real de la ciudad de Campeche son zonas habitacionales bien consolidadas y con servicios, las autoridades pretenden desalojar a los residentes y derribar las construcciones en un tramo de 2.5 a 3 kilómetros.

Indicó que los residentes, buena parte de ellos comerciantes y pescadores, se oponen a ser reubicados en viviendas de interés social de Infonavit, además de que no han recibido ninguna propuesta de indemnización o apoyos.

Ante este panorama, los participantes en este encuentro virtual hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que intervengan y vigilen que en esta región del país se cumpla con su labor como garantes de los derechos humanos de manera autónoma e independiente.

Al respecto David Lovatón, de la Fundación para el Debido Proceso, explicó que los jueces y magistrados tienen la obligación de actuar sin presiones y de manera independiente con respecto de los otros poderes.

La independencia judicial es un derecho humano y es la última frontera en la lucha contra la corrupción, de ahí que los jueces deben sujetarse no sólo a las leyes y normas locales sino también a los tratados internacionales y en la jurisprudencia desarrollada en esos tratados.

Valiana Aguilar, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, reprochó que existe racismo y desprecio del Poder Judicial y del gobierno mismo hacia las comunidades mayas, contra las que se ejerce una violencia sistemática.

Y preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a tener acceso a esa justicia?”

(LectorMx)