Ciudad de México.- Habitantes de 21 pueblos mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo presentaron denuncia popular de carácter regional ante autoridades ambientales federales, por la presencia y afectaciones de granjas industriales porcícolas.
La acción colectiva pretende desde la cancelación de los permisos, hasta la clausura definitiva de instalaciones que no cumplan con la legislación mexicana.
Un total 52 ciudadanas y ciudadanos de comunidades de los tres estados suscribieron el documento entregado en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los firmantes argumentaron seria contaminación en las fuentes de agua, en particular cenotes, con base en el estudio “La carne que consume al plantea”, elaborado por Greenpeace México.
Lourdes Medina Carrillo, del área de defensa jurídica de Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., pidió que se revisen las autorizaciones de operación, sin descartar el cierre de lo ya construido.
Además, señaló que no se realizó la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a los pueblos mayas en cuyo territorio se hicieron las inversiones.
Hubo alusión a la lucha de varios años de la localidad de Homún contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén, que hasta ahora había recibido de la justicia la suspensión definitiva.
Sin embargo, este viernes, según Indignación A.C., las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en Materia de trabajo y administrativa en Yucatán podrían permitir la reactivación de la granja de Homún, con capacidad para criar hasta 49 mil cerdos.
Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México y coautora del estudio utilizado como base técnica en la denuncia por daños ambientales, refirió que el 90 por ciento de las granjas porcícolas industriales carece de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Margarita Noh Poot, representante de Misioneros A.C. –que apoya a Guardianes de las Semillas–, abundó que se trata de un ejercicio que busca el cuidado de la milpa en su conjunto, incluyendo los sistemas ancestrales de cultivo sustentable, cultura y tradición del pueblo maya.
Carlos Raúl Llamá Ventura, originario de Kinchil, reclamó las violaciones flagrantes y consecutivas hacia los derechos sobre su territorio y sobre sus formas de vida en relación con la tierra y el agua.
Guadalupe de Jesús Chan Poot, de la comisaría de Tabi, municipio de Sotuta, comentó que este pueblo se encuentra entre dos granjas (Sotuta y Yaxcabá) y, por lo tanto, sometido a los perjuicios colectivos.
En el acompañamiento también participa Artículo-19.
(LectorMx)
