Mérida, Yucatán.- Representantes de organizaciones de jubilados y pensionados de Yucatán se sumaron a las movilizaciones en otros estados del país en contra de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el cálculo de los montos máximos de los ingresos de activos y retirados del ISSSTE.

Frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Mérida, integrantes de asociaciones señalaron que esta determinación de la SCJN significa un despojo a ex trabajadores del ISSSTE y cotizantes del IMSS, y precariza las condiciones de vida de más de cuatro millones de jubilados y pensionados del país.

Con pancartas y mantas, decenas de manifestantes se congregaron en torno del edificio en la colonia Petronila para exponer su repudio a la respuesta de la Sala 2 de la SCJN a la controversia constitucional interpuesta por el ISSSTE ante las demandas de amparo por la aplicación de la UMA.

Los mayores de 60 años que cuentan con esta prestación exigieron que los pagos se fijen con base en salarios mínimos dado que se trata de un derecho adquirido.

Previamente en conferencia de prensa, líderes y activistas explicaron que el UMA se aplicó a partir de 2016 para calcular los montos de jubilaciones y pensiones, cuando el valor de una unidad era similar al valor del salario mínimo que era entonces de 73.04 pesos.

Sin embargo, con los años el UMA perdió valor ya que en el 2020 era de 86.88 pesos al día, mientras que el salario mínimo alcanzó los 123.22 pesos y en este año los valores son de 89.62 pesos y 141.70 pesos, respectivamente, lo que da una diferencia de 52.08 pesos diarios.

Lo anterior, por mes, coloca a la UMA en dos mil 724 pesos.

Indicaron que la mayoría de los jubilados del país perciben de dos a tres UMAS al mes, lo que representa un ingreso raquítico e insuficiente para resolver sus necesidades básicas.

Ligia Esther González Rivero, de la Alianza Nacional por la Defensa de Jubilados y Pensionados; Hilda Díaz Caballero, de Transparencia y Democracia; Martha Elena Rossel, de los Jubilados del Sector Salud y de la CNTE, y Pedro Quijano Uc, director del Centro de Estudios Sociales e Investigaciones Sociales y Culturales (Ceisc) demandaron se revierta la UMA.

Plantearon que la UMA es una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones de orden fiscal, tributario, créditos y multas, no para definir el monto o pago de las pensiones que como prestaciones sociales son regidas por el salario mínimo.

Esta decisión de la SCJN –asentaron–, de consumarse como lo pretenden, también legalizaría la afectación a los trabajadores en activo que van a jubilarse, ya que el monto y pago de sus pensiones estará determinado por el valor vigente de la UMA y no con base al valor del salario mínimo como lo marca el Artículo 123 Constitucional.

Los trabajadores al servicio del Estado que se iniciaron laboralmente en abril de 2007 están en condiciones más desfavorables, porque se les impuso el Sistema de Cuentas Individuales, recalcaron.

Los representantes de jubilados y pensionados pidieron a los representantes de los tres poderes de Yucatán que se pronuncien públicamente en contra de la resolución del máximo tribunal del país, la cancelación de la UMA a pensiones y jubilaciones y se regrese al Sistema Solidario de Pensiones, Colectivo e Intergeneracional.

(LectorMx)