Mérida, Yucatán.- A cinco meses de haberse presentado solicitud de amparo y, con ello, la suspensión provisional de operaciones de la granja de Kekén en la comisaría de Sitilpech, municipio de Izamal, la justicia federal sigue ausente.
La planta “Kancabchén II” se encuentra a 1 kilómetro de la localidad y, según habitantes, provoca contaminación del acuífero y al medio ambiente.
Unos 30 residentes de Sitilpech acudieron la mañana de este miércoles a las oficinas del Tribunal Judicial de la Federación en Mérida para insistir en que se realice la audiencia incidental –pospuesta en varias ocasiones– y se resuelva la petición que data de mayo del presente año.
Mediante carteles y consignas exigieron el cierre de las instalaciones que, dicen, tiene capacidad para 40 mil cerdos.
En particular reclamaron la aparente dilación del asunto en el Juzgado Primero de Distrito.
Roberto Sánchez Campos, integrante de la organización “Kanan Derechos Humanos A.C.”, que asesora legalmente a los pobladores de Sitilpech, declaró que esperan resolución favorable al recurso legal.
Explicó que la demanda sustenta en el hecho de que ese centro de producción inició actividad con el aval del gobierno de Rolando Zapata Bello, pero sin consultar a la comunidad de unas dos mil personas, que es requisito para este tipo de complejos.
Durante la manifestación, los asistentes expresaron que además de la hediondez se han registrado problemas en la calidad del agua de uso común, incluso con enfermedades entre niños y adultos.
De acuerdo con sus opiniones, la empresa Kekén afecta no sólo en Izamal, sino también en Tunkás y Kantunil, particularmente sus cenotes y otros recursos hídricos.
En los mismos términos se pronunciaron Israel Euán, Ana María Chablé y otros miembros de la agrupación “La Esperanza de Sitilpech”.
(LectorMx)
