Mérida, Yucatán.- En Yucatán persisten formas de discriminación y racismo hacia las comunidades mayas, lo que se refleja en la limitada procuración e impartición de justicia, ya que los tribunales y juzgados están lejos de las pueblos originarios, además de que sólo existen 10 defensores hablantes de la lengua nativa en todo el estado, plantearon activistas.

El que no se brinden los medios adecuados, accesibles y suficientes de justicia para sentenciados y procesados mayahablantes es una forma de exclusión, dijeron Integrantes del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil (CEPIADET A.C.).

Judith Bautista Pérez, Lorena Pool Balam y Tomás López Sarabia, miembros de la agrupación, presentaron un diagnóstico y un Plan de Incidencia Antirracista con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia de personas, pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Luego declarar que no forman parte de ningún partido político y que el CEPIADET existe desde hace 16 años sin fines de lucro, Judith Bautista mencionó que en el plano de impartición de justicia el racismo se expresa a través de los prejuicios y tratos subjetivos en la emisión de sentencias.

Habló igual de tratos violentos basados en estereotipos asociados a la lengua, vestimenta y prácticas culturales, en tanto que los 10 centros de justicia estatales son insuficientes y distantes para los usuarios, cuyos costos de traslado, alimentación y hospedaje, sostuvo, son un obstáculo.

Progreso, en la zona costera, Mérida, Umán, Kanasín, Izamal y Motul, cuentan cada uno con un juzgado, como municipalidades que registran densidades bajas de población
que hablan alguna lengua indígena. Los otros cuatro juzgados se encuentran en Tizimín y Valladolid en la región oriente del estado, y en Tekax y Ticul al sur, precisó.

Las 12 fiscalías o agencias de ministerio público, refirió, se encuentran en la franja centro-norte, especialmente en demarcaciones cercanas a la capital yucateca, o sea están alejadas del oriente y sur, donde se registra mayor presencia de personas autoadscritas como indígenas o que hablan alguna lengua originaria.

De acuerdo con el censo de 2020, los municipios con mayor porcentaje (de un 80 a 100 por ciento) de hablantes de una lengua indígena se ubican al oriente (Chemax, Temozón, Uayma, Tekom, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chankom y Chikindzonot) y al sur (Tahdziú, Chacsinkín, Tixméhuac, Cantamayec, Mayapán, Tekit, Chumayel y Timucuy).

Según el INEGI, Yucatán cuenta con dos millones 320 mil 898 habitantes, de los cuales un millón 447 mil 787 se autoadscriben como indígenas, es decir, el 65.2 por ciento de la población total, y más de 525 mil, mayores a tres años, hablan una lengua originaria, lo que representa 23.7 por ciento del global.

Los activistas mencionaron que Yucatán es un estado con fuerte presencia indígena por principio de autoadscripción; sin embargo, anotaron, el racismo crea barreras que pueden afectar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas y se refleja en las restricciones para usar las lenguas originarias en contextos específicos.

Mediante un detallado panorama, declararon que la Fiscalía General de Yucatán cuenta con una unidad de sólo seis peritos intérpretes, de los cuales, cuatro son para la lengua maya y dos de lenguas de señas mexicana.

Resaltaron que de los cuatro peritos, tres se encuentran, desde el 2021, en la ciudad de Mérida; un cuarto intérprete se ubica en Valladolid.

“Las estructuras verticales y jerarquizadas, el lenguaje inaccesible, los procesos tardados y la barrera lingüística son formas de controlar el poder y generar obstáculos para el acceso a la justicia”, resumieron los activistas, quienes no precisaron el número de sentenciados y procesados de origen maya que se encuentran en los penales de esta entidad federativa.

La ausencia de un compromiso institucional para garantizar el derecho humano a contar con intérpretes y traductores en lengua indígena es un pendiente para la impartición de justicia imparcial y expedita, agregó Bautista Pérez.

Los integrantes de la AC expusieron coincidencias en ese tema con Campeche y Oaxaca y propusieron para Yucatán condiciones laborales y honorarios para los intérpretes y traductores en lengua maya y fortalecer los servicios periciales con personal multidisciplinario.

Tomás López Sarabia informó que todo el material de diagnóstico y las propuestas de atención para eliminar cualquier forma de racismo en la impartición de justicia está disponible de manera gratuita en el sitio web del CEPIADET y los promoverán ante instancias judiciales pertinentes.

(LectorMx)