Por Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- Socios y permisionarios de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) expusieron denuncias en contra de su presidente Arturo Rodríguez Berzunza y del tesorero Alfonso Ramírez Ojeda por irregularidades en la administración y en la aplicación del subsidio otorgado por el gobierno estatal en los últimos cuatro años por más de 238 millones de pesos.

Más de 25 integrantes de la organización Camioneros Aliados S.C.P.que agrupa a unos 170 socios, expusieron también la falta de información y transparencia sobre la venta del patrimonio a la ADO y del destino de recursos públicos que entregó a la ACY el gobierno del estado desde el 2020 para frenar aumentos a las tarifas de transporte en detrimento de los usuarios.

El abogado de la organización, Gabriel Ramayo Duarte, precisó que, mediante el Programa de Apoyo al Gasto Familiar, la ACY y Camioneros Aliados recibieron en 2020 subsidios por 86.1 millones de pesos; en 2021 unos 86.9 millones de pesos; en 2022 más de 56.3 millones de pesos y en 2023 seis millones 69 mil pesos.

Sin embargo, conforme una de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, nunca hubo información sobre el destino y aplicación de esos recursos públicos que fueron captados por la ACY, expuso el defensor jurídico.

En conferencia de prensa, los socios y su abogado indicaron haber denunciado también la mala administración de la ACY, ya que desconocen el destino y venta de sus unidades concesionadas (cada una con valor aproximado a un millón de pesos), además de que no han recibido información y menos dividendos por la venta del patrimonio a la ADO.

Plantearon que de los socios de Camioneros Aliados S.C.P, unos 40 son cercanos amigos, familiares y protegidos de Rodríguez Berzunza, los principales concesionarios de las 78 rutas de transporte y poseedores de la mayor cantidad de unidades, unas 374, que han sido ocupadas y sustituidas en su mayoría por el sistema Vaivén.

Otros 40 socios son “incondicionales”, otra cantidad “sumisos”, y el resto son los “inconformes”, los que reclaman los recursos económicos tanto de su patrimonio invertido, tanto en la concesión como en el costo de las unidades, expuso el abogado.

Ramayo Duarte mencionó que la venta del patrimonio de ACY a la ADO se hizo sin consultar a los socios e incluyó las dos escuelas, la terminal y las unidades de transporte sin que hasta el momento hayan recibido remuneración alguna o cuando menos información sobre sus inversiones.

Diversos socios se pronunciaron en ese sentido, entre ellos Sandra Pérez, Karen Ancona, Carlos Ancona, Juan Antonio Ramírez, René Gonzáles y Claudia Ramírez, entre otros, quienes afirmaron que esta situación ha afectado su patrimonio, pues sienten que han sido defraudados y no tienen certeza alguna para recuperarlo.

Negaron haber sustraído 13 unidades del depósito de la ACY en febrero de 2023, como lo señala Rodríguez Berzunza, a quien a su vez acusaron de no expedir los certificados de comodato o concesión a los propietarios de las unidades en circulación.

Señalaron al presidente de la alianza de actuar con prepotencia, de negarles información y de imputarles cobros desorbitantes por actas de asamblea y asesorías, ya que hicieron llegar a las oficinas de los socios varias facturas de supuestos bufetes por más de 15 millones de pesos.

Mencionaron que también por estas irregularidades que involucrarían a despachos contables y de abogados, así como al propio SAT (Sistema de Administración Tributaria) procedieron a levantar denuncia en la fiscalía contra quien resulte responsable.

Los afectados lamentaron la lentitud en la procuración de justicia ante dos denuncias presentadas (ambas de 2023), por lo que piden la intervención del gobierno del estado, el cual, dijeron, ha negado involucrarse al tratarse de un asunto entre particulares.

De igual manera, informaron haber solicitado información del despacho de transparencia del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, el cual respondió mediante oficio estar en proceso de cambio por la implementación del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible, así como la próxima instauración de la Agencia de Transporte de Yucatán.

(LectorMx)