Mérida, Yucatán.- Representaciones sindicales de burócratas demandaron acciones civiles, políticas y legales para fincar responsabilidades contra los presuntos responsables del quebranto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

En un encuentro con diputados locales, dirigentes solicitaron por separado investiguen las causas de la quiebra en ese organismo y señalaron a las administraciones de Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello como posibles periodos en los que hubo desvío de cuotas.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión Especial para la Atención de la Situación del ISSTEY, expusieron ante todo la necesidad de impulsar una reforma que garantice el pago de pensiones dignas, tanto las actuales como las futuras, en salarios mínimos y no en UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

La secretaria general del Sindicato Progresista de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, Luisa Inés Martín Puc, aludió al informe de la directora del ISSTEY, Beatriz Rodríguez Heredia, el pasado 3 de junio en su comparecencia en el sentido de que hay 31 mil empleados activos y siete mil 500 jubilados, e insuficiencia de recursos para solventar los compromisos y las prestaciones de ley.

“Para nosotros no existe un quebranto; ha habido una mala administración de las finanzas de gobiernos anteriores y son los que deben solucionar ese problema y no los actuales trabajadores activos derechohabientes y pensionados”, sentenció.

En su exposición, refirió que en el sexenio de Zapata Bello hubo tres reformas a la Ley del ISSTEY, únicamente para “blindaje”, y habló de “dinero jineteado” en esa gestión como en la de Ortega Pacheco.

Reconoció que dentro del Poder Judicial hay organizaciones gremiales que llamaron a sus afiliados a jubilarse porque “viene” una reforma al ISSTEY y por eso se han incrementado las gestiones de retiro.

Esa situación, añadió, ha propiciado un ambiente de terror en la base laboral, que “está obligando a la gente a que se jubile, no porque quiera sino por miedo a la aplicación de las UMAs, que se dan en 96 pesos, en tanto que el salario mínimo es de 176 pesos”.

Elvira Caamal Vázquez y José Pereira Acevedo, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, pidieron a los legisladores procedan con acciones en todos los ámbitos para fincar responsabilidades a quienes estén relacionados con la crisis del ISSTEY.

“A ustedes les toca la muy difícil tarea de regularizar algo que viene quebrado desde administraciones pasadas”, planteó Pereira Acevedo.

Se pronunciaron a favor de cambios a la seguridad social que garanticen el pago de cuotas y aportaciones, así como establezca de manera clara los procedimientos a seguir en los casos de incumplimiento por parte de entidades públicas patronales.

“Es sabido que muchos sujetos obligados no cubren las cuotas obrero-patronales habiendo un detrimento en las finanzas públicas del instituto”, advirtió el representante sindical de 987 asociados de instituciones de educación básica y media.

En lo fundamental propusieron la intervención de la Secretaría de Hacienda (no precisaron si estatal o federal) para que audite de manera precisa al ISSTEY en términos de rendición de cuentas y transparencia.

El secretario general de la Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Chulim Cimé, aseveró que existen mecanismos legales para saber si hubo quebranto en el ISSTEY y sean las autoridades competentes las que apliquen lo propio.

De igual manera, abogó por sus compañeros –que suman 12 mil activos y jubilados– el rescate de balneario Costa Club de Yucalpetén como espacio de recreación para las familias, además de mejorar los servicios médicos.

Los integrantes de la Comisión, encabezada por Crescencio Gutiérrez González, avanzaron en conocer las posiciones de las organizaciones con intereses en el asunto.

Por otra parte, en sesión extraordinaria, el pleno de la 63 Legislatura designó a seis nuevos magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia.

Con votación mayoritaria mediante cédula, se designó a: Patricia Gamboa Wong, en sustitución de Santiago Altamirano; Carolina Canto Valdés, en reemplazo de Ricardo Ávila Heredia; Alberto Salum Ventre, en lugar de Mygdalia Rodríguez Acevedo; Graciela Torres Garma, en vez de Ligia Cortez Ortega; Mario López Irigoyen, ocupa el puesto que dejó Luis Esperón Villanueva y Adolfo González Martínez, sustituye a Marcos Celis Quintal.

(LectorMx)