Ciudad de México.- El Índice de Capacidades Estatales para el Desarrollo Social (IEDS) mostró que más de la mitad de las entidades del país no utiliza de forma adecuada sus recursos destinados al combate a la pobreza.

Entre éstos, publica el periódico Reforma, Quintana Roo ocupa el último lugar con 27.24 puntos, y Yucatán se encuentra entre aquellas que presentaron condiciones precarias para la implementación de la política social.

De acuerdo con un estudio de la Asociación Civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), 18 entidades carecen de las capacidades institucionales que les permitan implementar una política social robusta y participativa.

Es decir, precisa el diario, no cuentan con diagnósticos sobre pobreza, no planean los programas sociales ni el presupuesto que les otorgan.

Tampoco transparentan sus padrones de beneficiarios ni en qué utilizan los recursos públicos.

“Más de la mitad de las administraciones públicas estatales no están haciendo un uso productivo de los recursos. De no cambiar esto, no hay manera de abatir la pobreza”, dijo Alejandro González, director de Gesoc.

“Le vas a seguir dando dinero y presupuesto a administraciones públicas que no están en condiciones de transformar esos recursos en intervenciones eficaces”, cuestionó.

Dichas entidades concentran el 60.2 por ciento de las personas en condición de pobreza.

Al presentar el informe en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), González describió que sólo Jalisco, Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato cuentan con las capacidades institucionales para aplicar una correcta política de desarrollo social.

También se plantea que casi todos los gobiernos están bajos en el tema de transparencia y participación ciudadana.

El IEDS mide 43 reactivos de las dimensiones de planeación programática presupuestal, gestión eficiente de programas, monitoreo del desarrollo social y participación ciudadana.

El Gesoc recomendó a los estados contar con diagnósticos basados en evidencia para, después, asignar los recursos a los mejores programas sociales.

Propuso desarrollar padrones de beneficiarios para todos los programas sociales, y en materia de transparencia urgió a hacer públicos padrones, indicadores y presupuestos.

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