Mérida, Yucatán.- Pobladores y ejidatarios de Chocholá acudieron hoy al Tribunal Agrario (TA) para dar continuidad a su lucha contra el despojo de tierras en esa localidad.
Con la comisaria Claudia Cob Durán al frente, defendieron la representatividad legal de las actuaciones de ésta y demás integrantes del Comisariado, así como del Consejo de Vigilancia encabezado por Gonzalo Alcocer.
Por ello, afirmaron que este grupo sigue al frente el ejido de Chocholá y actúa como autoridad constituida.
A las puertas de la dependencia, Cob Durán recordó que fue ratificada en asamblea ejidal del 26 de febrero, previa a la “sospechosa intervención” de la Procuraduría Agraria (PA) del 12 de marzo para tratar de destituirla.
“De acuerdo con la Ley Agraria y con el reglamento interno del ejido, mi ratificación es totalmente legal y tiene prevalencia sobre la asamblea llena de irregularidades, fuera del local ejidal y sólo con simpatizantes de la empresa, en que se me quiso destituir.
“Por eso la Procuraduría Agraria no ha podido otorgar el nombramiento al nuevo comisario ejidal que supuestamente se nombró”, explicó Claudia Cob, mostrando los documentos legales de dichas asambleas y su registro”, dijo.
A pesar del conflicto sin resolver, mencionó que ha aceptado el diálogo, por lo que asiste a juntas con casi todas las autoridades federales y estatales.
Así, planteó la urgencia de comenzar a resolver el problema por “destrucción ambiental y contaminación en Chocholá, casi todos los días”.
Al mismo tiempo, agregó, continúan los procesos legales contra las dos empresas que habían venido violando normas ambientales al amparo del comisariado ejidal anterior.
Para ilustrar el daño, citó que el banco de materiales pétreos tenía permiso ambiental para explotar 3.5 hectáreas, a una profundidad máxima de 5 metros.
“Y sin embargo, hoy día vemos que ha rebasado ya las 14 hectáreas y que ha llegado a profundidades mayores de 9 metros, pues incluso destruyó cuevas y cenotes, que están a la altura del manto freático, y todo esto sin que se pagara ni un peso al ejido desde el 2013 a la fecha”, acusó.
“Tal vez por eso la empresa está en un tercer intento imponer a sus simpatizantes como autoridad ejidal, con lo que estamos seguros de que retirarían las demandas y continuaría la destrucción del medio ambiente”, estimó.
A su vez, Samuel Martín, secretario del Comisariado ejidal, cuestionó para quién trabaja la Procuraduría Agraria.
“La comunidad está muy molesta, porque les quisieron imponer como nueva autoridad a ejidatarios que están legalmente castigados sin derechos. Es por eso que el 16 de marzo, la asamblea ejidal decidió expulsar definitivamente a dichos ejidatarios, por haber falsificado actas, firmas e incurrido en otros delitos graves contra el ejido”, expuso.
Reiteró que entre los ejidatarios expulsados se encuentran 7 que no son de Chocholá, sino personas “de alto poder económico de Mérida” que actuaban como prestanombres de la empresa.
(LectorMx)
