Mérida, Yucatán.- Líderes de vendedores y artesanos en Chichén Itzá informaron de la intención de autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de reubicarlos fuera de la zona arqueológica, pero advirtieron que permanecerán en sus lugares y no cederán sus espacios a “intereses particulares”.

Representantes del colectivo, así como dirigentes de la llamada Convergencia Nacional de la Economía Social (Coneso) que los apoyan, recalcaron su determinación de mantenerse en los caminos de acceso y andadores del sitio arqueológico, ya que, dijeron, les asiste el derecho como pueblos indígenas.

Villevaldo Pech Moo, asesor del grupo, apeló a la Convención 178 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al Artículo Segundo Constitucional y a los usos y costumbres para justificar la estancia de los artesanos “descendientes de los pueblos originarios mayas”.

Señaló que suman 800 los afiliados en el sitio; sin embargo, autoridades y visitantes han calculado hasta en dos mil 500 los comerciantes apostados en todo el circuito que recorren los turistas nacionales e extranjeros.

En conferencia de prensa, informó que de manera reciente el titular del INAH, Diego Prieto Hernández, acudió a Chichén Itzá, donde expuso los planes de trasladarlos, además de emprender obras de mejoramiento y ampliación de las instalaciones y servicios del parador turístico.

A ello, tanto Pech Moo como otros comerciantes reunidos expresaron su tajante negativa a quedar fuera, dado que todos, o sus familiares, añadió, son vecinos del municipio de Tinum y herederos de la cultura regional, en tierra de sus ancestros.

En el encuentro, reiteraron su demanda de que el gobierno del estado y el INAH destinen un 15 por ciento de los ingresos brutos que genera la zona arqueológica como Maravilla del Mundo Moderno y Patrimonio Cultural de la Unesco a obras comunitarias en la comisaría de Pisté y en la cabecera municipal Tinum.

Pese a que en 2010 la administración de Ivonne Ortega Pacheco pagó unos 220 millones de pesos por 80 hectáreas de terrenos –40 hectáreas de ellas albergan vestigios prehispánicos– que eran propiedad de Hans Jurgen Thiens Barbachano, aseguraron que no cederán para que se instalen otros negocios o intereses de esa familia.

A esa postura se sumó el presidente de Coneso, Joaquín Humberto Vela González, quien pidió sean respetados “derechos étnicos, sociales y culturales” y se les dote de infraestructura hospitalaria educativa, recreativa, deportiva y cultural.

Integrado por microempresarios, artesanos, campesinos y comerciantes, la Coneso exigió prevalezcan las actividades de sus compañeros en ese centro precolombino.

Planteó la necesidad de que el gobierno de la Cuarta Transformación responda a las necesidades de los vendedores y artesanos de Chichén Itzá.

(Jesús Mejía)