Mérida, Yucatán.- La Organización General Campesina Popular A.C. presentó hoy una demanda en contra del titular del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), William Sosa Altamira, a quien acusan de corrupción e ilegalidad.
En la sede regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el representante de la agrupación, Israel Rodríguez Cortés, entregó expedientes de 101 personas con solicitudes sin atender.
La denuncia por “negativa ficta” esgrime la virtual negación a las peticiones, a pesar de que han cumplido con todos los requisitos vigentes en la normativa y las reglas de operación.
“El problema aquí, no solamente son 101 personas firmantes; realmente son 700 personas que se encuentran en la misma situación y que estos señores siguen jugando con las necesidades del pueblo”, afirmó Rodríguez Cortés.
Estimó que existe “un fraude” en Yucatán por al menos 100 millones de pesos y casi mil millones en todo el país.
“Es por eso que nos encontramos aquí, para saber qué es lo que va a proceder”, señaló el vocero, quien el 22 de julio encabezó una movilización similar en la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En entrevista en la entrada principal del TFJA, atribuyó una constante violación a los derechos humanos de parte de las autoridades federales.
Por ello, emplazó al vice coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez (anterior titular nacional de la Sedatu), y al delegado de la dependencia, Sosa Altamira, a que transparenten el ejercicio fiscal 2013, 2014, 2015 y 2016.
“Cosa que nosotros nos hemos tomado la tarea de ir buscando, viendo por qué son asignaciones millonarias y no existe ni siquiera el 60 por ciento de la obra concluida”, aseguró.
Indicó que contrasta la atención que se brinda a los miembros de Antorcha Campesina, con fines políticos, mientras que a otros solicitantes, como los manifestantes de hoy, ni siquiera se ha capturado sus requerimientos.
Los inconformes, principalmente personas de escasos recursos económicos que viven en zonas rurales, exhibieron pancartas con llamados de atención a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, por las anomalías que se registran en Yucatán.
En un escrito que difundieron, posteriormente, imputaron “ilegalidad, opacidad, corrupción y clientelismo” en el manejo de los recursos públicos en Yucatán.
Señalaron que los demandantes viven en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación, y que sus viviendas se encuentran en áreas de atención prioritaria.
Consideraron denigrante y altamente ofensiva la actitud discriminatoria desplegadas por funcionarios de la Sedatu en el estado.
