Mérida, Yucatán.- Representantes de comunidades mayas presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) experiencias de despojos y avasallamiento que genera el modelo de desarrollo económico que se aplica en México.

La queja ocurrirá durante la audiencia pública que la CIDH convocó para el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Panamá.

Jorge Fernández Mendiburu, del Equipo Indignación A.C., y Rodrigo Llanes Salazar, del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS-UNAM), informaron hoy que siete personas viajarán este sábado a esa misión.

Señalaron que la comparecencia, en un suceso inédito, permitirá a la CIDH evaluar la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la región de la Península de Yucatán, que comprende los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Es la primera vez que se va a plantear en uno de los principales organismos interamericanos de defensa de los derechos humanos la situación general de los derechos del pueblo maya”, indicó el abogado Fernández Mendiburu.

“Esto sitúa, visibiliza una problemática en la Península que, aunque se ha estado reclamando por distintos ámbitos, ahora tendrá como la oportunidad de verse de manera global”, dijo en conferencia de prensa.

Destacó que la CIDH sólo dio cuatro audiencias generales y una de ellas sobre la Península de Yucatán, lo que ilustra su interés por conocer lo que ocurre en esta parte de México.

Romel González, de la Cooperativa Chac Lol, y José Aurelio Mugarte Xool, del Ejido de San José Tipceh, del municipio de Muna, son otros integrantes del equipo que estará en Panamá.

Ambos advirtieron del impacto negativo de los planes de construcción del parque de energía solar denominados Ticul 1 y Ticul 2, que se proyecta como el más grande de América Latina, con más de 1 millón de celdas solares.

Relataron, además, las maniobras y pretendidos engaños de inversionistas para apoderarse de las tierras, y cómo se vieron obligados a corregir una serie de anomalías tras la presión y defensa de habitantes de las localidades asentadas en la zona.

“No es una oposición a esos proyectos que pueden generar empleos sino la manera de implementarlos”, precisó Llanes Salazar, quien subrayó que en el fondo está la falta de consulta previa a la población.

La delegación sumará otros casos de afectación y contaminación de suelos y agua como el de la palma africana y la soya transgénica en el estado de Campeche.

Hay amenaza a la milpa y la apicultura, acusó, que no sólo son actividades económicas sino herencias culturales y sociales.

Los activistas cuestionaron y calificaron de paradójico que en la misma región donde tendrá lugar la COP 13 sobre biodiversidad, en Cancún, se denuncie la degradación del ambiente y los recursos naturales por parte de la sociedad civil y los pueblos indígenas.

(LectorMx)