Mérida, Yucatán.- Ante la falta de actuación de la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional (PAN), ex dirigentes locales que exigen una investigación por presuntos “moches” recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luego que la Comisión Anticorrupción emitiera un resolutivo que declaró improcedente una indagatoria a la queja que involucra al presidente estatal, Raúl Paz Alonzo, los firmantes han acudido de nuevo con un recurso de reclamación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, por mero trámite.

Sin embargo, debido a la escasa probabilidad de que haya una intervención favorable de ésta, los interesados ya preparan presentarse ante el TEPJF o TRIFE.

Hace aproximadamente tres semanas, liderazgos panistas inconformes con las viejas prácticas en el blanquiazul solicitaron respuesta formal, ya que los plazos estaban ampliamente vencidos.

Así la Comisión Anticorrupción fue obligada a contestar oficialmente, pero el resolutivo es calificado como “totalmente atropellado, ambiguo y aparentemente hecho con las patas”.

Algunos de los suscritos acusan al secretario general del CEN del PAN, Damián Zepeda Vidales, de haber fungido como “el abogado de oficio” de los denunciados.

A Zepeda, ex candidato a Alcalde de Hermosillo, Sonora, le achacan haber ejercido presión sobre los comisionados para que le dieran largas al asunto y después maniobrado para “doblar las manos” a Ernesto Ruffo Appel, quien había anticipado la existencia de elementos suficientes para proceder e incluso disolver la directiva en Yucatán.

Al final, el ex gobernador de Baja California no presentó su propuesta original y votó a favor de la improcedencia de la investigación.

“La línea está tirada, no creo encontrar eco en la Comisión de Justicia, y ya entonces tendremos que irnos al Tribunal Electoral”, resumió Carlos Aldana Herrera, vocero de los promoventes.

Al TEPJF reclamarán el dictamen de la Comisión Anticorrupción, al considerar que viola el debido proceso, pues no agotó las pruebas exhibidas, no llamó a los testigos ofrecidos y violó los plazos legales del reglamento, no dio respuestas a las solicitudes y no fundó ni motivó ninguna de sus conclusiones.

“Por un lado dice que encuentra irregularidades y le pide a los órganos estatales y nacionales que den cursos de capacitación sobre manejo de recursos (públicos), que es urgente; le pide al CEN que dé vista a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que impulse una ley antimoches.

“Entonces nosotros decimos, bueno, si no hubo moches, pues para qué generar una ley antimoches. Para qué le dan vista a la ASF si no hay nada”, cuestionó Aldana Herrera.

La Ley de Medios de Impugnación obliga a los inconformes agotar todas las instancias internas del PAN, la última es la Comisión de Justicia (que tiene 30 días naturales para dictaminar), por lo que el siguiente paso será el TRIFE.

“Es una decisión que tiene que ver, en alguna medida, con el juego de Ricardo Anaya de mantener gente pues que pueda sacar adelante a su proyecto, y por otro, lamentablemente es una aceptación tácita de que en el PAN no solamente los corruptos son bienvenidos, sino que son protegidos”, interpretó Aldana Herrera, ex coordinador de Seguimiento a Gobiernos de Oposición del Comité Directivo Estatal (CDE).

Ofreció conferencia de prensa junto con el ex gobernador Patricio Patrón Laviada, y los ex presidentes estatales del PAN, Benito Rosel Isaac y Luis Montoya Martínez.

Otros firmantes son Alfredo Rodríguez y Pacheco, José Castañeda Pérez, Hugo Sánchez Camargo, Hugo Laviada Molina, Raúl Arceo Alonzo, Julio Sauma Castillo y Jorge Gamboa Wong.

Además de Paz Alonzo, son implicados los ex alcaldes de Tixkokob, Miguel Rodríguez Baqueiro, y de Chemax, Lucio Balam Herrera, actuales secretarios general y de asuntos indígenas del CDE.

A Paz Alonzo se le atribuye intervención en el desvío de recursos por aproximadamente 800 millones de pesos, y cada uno de los ex ediles manejó más de 60 millones de pesos durante sus respectivos trienios.

(LectorMx)