Mérida, Yucatán.- Defensoras del derecho de la mujer a una vida plena sin violencia, informaron que promoverán ante el Congreso del Estado que el feminicidio sea perseguido de oficio para evitar que las víctimas tengan que levantar averiguaciones previas y ser sujetas a penosos interrogatorios.

Adelaida Salas Salazar, del Observatorio Ciudadano Nscional del Feminicidio en Yucatán (OCNF);  Nancy Walker Olvera, de Ciencia Social Alternativa A.C., y Bertha Elena Munguía, del Centro de Apoyo Solidario, además de las investigadoras Ligia Vera Gamboa y Gina Villagómez Valdez pugnaron porque se persiga sin denuncia previa ese delito.

Villagómez comentó que es obligación del Gobierno estatal contar con equipos profesionales especializados en la violencia contra la mujer y para ello tiene que destinar recursos económicos.

Salas Salazar indicó que ha documentado unos 74 casos de feminicidio en Yucatán de 2008 –año de adhesión al OCNF- a la fecha y sólo se han resuelto entre 40 y 45, mientras que el resto siguen en proceso o pendientes de resolución

Vera Gamboa mencionó que los familiares de la víctima, en el caso de intento de feminicidio -delito tipificado en Yucatán desde 2014- , además de levantar querellas, tiene que ser sujeta a interrogatorio, peritajes y citatorios, procesos en los que las autoridades podrían coadyuvar de manera más activa en apoyo a la mujer violentada.

En cuanto a la alerta de género pendiente por resolver por el Ejecutivo local, informó que el próximo 22 de septiembre es el plazo para que éste conteste a un requerimiento del Instituto Nacional de las Mujeres sobre aplicar una serie de recomendaciones en Yucatán.

De haber negativa al respecto se aplicaría de manera automática dicha alerta de género, recalcaron en la rueda de prensa las participantes, quienes mencionaron que de aceptar dichas recomendaciones, la administración estatal tendrá seis meses para su cumplimiento y, de no hacerlo, entonces podrían volver a demandar la alerta de género.

Entre las recomendaciones figuran la de destinar recursos suficientes a los programas y acciones dirigidas a la equidad de género y a la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

De igual manera consideraron primordial garantizar la resolución de los casos de feminicidios y homicidios dolosos ocurridos en Yucatán. De estos últimos, el OCNF cintsbilizs 42 expedientes.

Otra de las 10 recomendaciones hechas llegar al Gobierno del Estado es la de realizar programas de capacitación para la aplicación efectiva de la mencionada Norma Oficial Mexicana 046 para el personal médico y de enfermería, así como contar con manuales de procedimiento y operación con perspectiva de género.

Sugirieron impulsar programas de profesionalización en materia de derechos humanos de niñas y mujeres víctimas del delito para servidores públicos encargados de la atención y prevención de la violencia, con el fin de fortalecer sus capacidades y brindar una atención adecuada.

(Jesús Mejía)