Por: Eduardo Vargas
Mérida, Yucatán.- De plano, empresarios de Yucatán y el Gobierno federal se toleraron pero no se “tragaron” durante la plática sobre el nuevo sistema fiscal que funcionarios del Servicio de Administración Tributaria Integral (SAT) dieron a integrantes de la Cámara de Comercio de Mérida.
Por medio de su presidente local, Juan José Abraham Dáguer, y del vicepresidente nacional, Juan Manuel López Campos, solicitaron al Adrián Guarneros Tapia, administrador general de Servicios a Contribuyentes, una nueva prórroga para implementar el nuevo sistema de cobro de impuestos.
Pero el funcionario federal, quien minutos antes había intentado explicar cuáles eran los cambios básicos de llamado sistema 3.3, se mantuvo en su postura: el 30 de noviembre acaba el plazo para que las empresas “migren”.
Guarneros Tapia ni siquiera tomó en cuenta, durante la rueda de prensa, que sus propias cifras mantienen al Gobierno muy lejos de la meta: apenas 28 por ciento, o sea, casi 3 de cada 10, han cumplido con implementar la nueva facturación.
…Y sólo faltan 57 días para que llegue lo que el calificó como “el lado oscuro de la fuerza” (parafraseando a un personaje de la película La Guerra de las Galaxias -Star Wars-) cuando les dijo a sus interlocutores que no sintieran temor por las auditorías.
López Campos, quien citó un sondeo entre sus agremiados y dijo que sólo entre 10 y 15 por ciento se estaban preparando para el cambio, le pidió a Guarneros que la reunión de información que había dado minutos antes la replicara en otros estados de la República.
Pero Guarneros no sólo no contestó la solicitud sino que cuestionó las cifras “no oficiales” de López Campos. Las caras decían muchos más de que todos expresaban: no estaban cómodos en esa situación.
Guarneros Tapia insistió en que el cambio era sólo de “versión de programa”, y no un cambio en la forma en que se declaraban los impuestos, a pesar de que los empresarios le hicieron ver varios factores en contra: el tiempo, la falta de capacitación de los empresarios, y la carecencia de tecnología en estados pobres como Oaxaca y Michoacán.
Incluso Abraham Dáguer argumentó que en Yucatán muchos microempresarios que son gente de la tercera edad, que no están acostumbrados el uso de la tecnología.
Pero el funcionario federal no quiso escuchar, a pesar de que, de los cuatro millones de contribuyentes, sólo 112 mil han cumplido con el cambio a la versión 3.3.
El titular de la Canaco-Mérida acabó por admitir que no necesitaba estar convencido de que no hubiera prórroga sino que simplemente, como empresarios, estaban dispuestos a cumpir la ley, y lo que pedían era comprensión de parte del Gobierno, pues se trataba de un cambio complicado, sobre todo en el contexto económico del año actual.
Guarneros Tapia mantuvo su discurso: que la nueva versión se había lanzado en diciembre para cerrar su aplicación en junio, y que en ese mes se amplió el plazo de “convivencia” entre sistemas (viejo y nuevo) hasta el 1 de diciembre.
Al día siguiente, el 2 de diciembre, lo que va a ocurrír -resumió el funcionario federal- es que vamos a hacer un seguimiento de todos los procesos para ver cuáles se reforzarán. Sin embargo, no descartó que pudiera haber sanciones, aun cuando no estaban “pensando en eso”.
