Mérida, Yucatán.- Los magistrados del Poder Judicial de Yucatán (PJY) fueron acusados hoy de pretender seguir cobijados en los privilegios que otorga el fuero.
El pleno de integrantes del PJY acordó, el 25 de mayo de este año, promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mantenerse bajo esa exención jurídica, cuando el cambio no había sido promulgado ni validado constitucionalmente por los 106 ayuntamientos de la entidad.
El diputado local Elías Lixa Abimerhi ventiló el caso en tribuna del Congreso del estado, con la referencia de que hace cuatro meses que entró en vigor la reforma que desterró esa figura que durante décadas prohijó la impunidad.
“También se cumplen 477 días sin que el Tribunal Superior (de Justicia) de Yucatán cumpla las leyes de transparencia y publique en sus sitios de internet las actas de las sesiones del pleno”, explicó.
Cuestionó que los miembros del PJY hayan buscado esconder “detrás de ese desacato a las leyes de transparencia”, su decisión controvertir el asunto para solicitar el regreso del fuero.
Enfundado en una camiseta con la leyenda “#Yucatán sin fuero”, el panista criticó que los magistrados decidieran “sufragar los gastos indispensables” para contratar un despacho de la Ciudad de México con motivo de los trámites inherentes a las secuelas del procedimiento.
“Están destinando presupuesto público para defender un privilegio que tienen; por cierto, también leímos que pretenden duplicar su presupuesto este año.
“Usan el presupuesto que tienen para defender sus privilegios y piden el doble del presupuesto; me parece una notoria contradicción”, reprochó.
El legislador fustigó que “los especialistas en derecho constitucional en Yucatán” estén contratando a otros para representarlos, en concreto por el despacho privado Bufete García Jimeno.
Aunque reconoció el derecho que asiste a los magistrados, descalificó la forma en que lo hacen: “de cuatro meses sin informar a los ciudadanos de esta situación”.
Es una disputa, aclaró, porque el Poder Judicial, por un lado, no está de acuerdo con las reformas que la sociedad nos ha exigido, porque no cumplen con las leyes de transparencia, porque no acatan principios de austeridad que hay en nuestro país, que pidiendo el doble del presupuesto están gastándose el dinero en defender sus intereses, porque no les gustan las reglas de la sociedad.
La audiencia para presentar alegatos finales y pruebas en la controversia en la SCJN se ha programado para el 26 de octubre, por lo que advirtió que el Legislativo, que ha formulado contestación a la demanda, tiene una responsabilidad ineludible para que esto se dé de la mejor manera.
Sostuvo que en estos seis días se definirán los últimos conceptos para ratificar la necesidad de eliminar el fuero de Yucatán, por lo que, al mismo tiempo, lanzó un llamado al Ejecutivo estatal para que fije una postura pública sobre el tema y con ello se eviten especulaciones.
“El Poder Ejecutivo es parte en el juicio y no tenemos información de qué está defendiendo”, puntualizó.
Recordó que inicialmente el proyecto que envió el gobierno de Rolando Zapata Bello pretendía el fuero a los magistrados, pero los legisladores defendieron otra visión, no mantenerlo.
Los magistrados que avalaron interponer un juicio para que los siga protegiendo el fuero son: Marcos Celis Quintal, Ligia Cortés Ortega, Luis Esperón Villanueva, Adda Cámara Vallejos, Jorge Rivero Hevia, Ricardo Ávila Heredia, Migdalia Rodríguez Arcovedo, Ingrid Priego Cárdenas, Santiago Altamirano Escalante, José Ruiz Ramírez y Leticia Cobá Magaña.
(LectorMx)
