Mérida, Yucatán.- Pese a presumirse como un estado seguro, en Yucatán están presentes la violencia institucional y la impunidad, advirtió Carlos Zazueta Vargas, Investigador para México de Amnistía Internacional (AI).
En la presentación del Informe Falsas Sospechas. Detenciones Arbitrarias en México, de AI, informó que de Yucatán se incluyen dos casos documentados.
El operativo policíaco en la comisaría de Chablekal, el 3 de mayo 2016, y la aprehensión del adolescente discapacitado José Adrián, de 14 años de edad, en la comunidad de Xcan, municipio de Chemax.
En ambos expedientes yucatecos, que se suman a otros cuatro en el resto del país, hay policías estatales y municipales involucrados.
“En los dos casos hay impunidad, en los dos casos hay una deficiente investigación de las autoridades, aunque hay denuncias… Tampoco hay un proceso de reparación”.
Ello, aseguró, demuestra que es una forma común de comportamiento de los policías y, por tanto, tiene que haber, para revertirlo, no sólo investigación, sino políticas públicas que cambien la actuación de los agentes.
A pregunta expresa, el especialista remarcó que en Yucatán igual se cometen detenciones y extorsiones, con motivaciones similares.
“Yucatán tiene menos violencia en general en las calles, pero no tiene menos violencia institucional, digamos”, puntualizó.
En cuanto a las muertes en cárceles o en separos de las policías, calificó la situación de muy preocupante.
“Bajo el derecho internacional, toda muerte en custodia debe ser investigada como una posible ejecución; es decir, tienen que activarse los más estrictos protocolos de investigación para verificar por qué murió una persona que estaba bajo el cuidado y en un recinto del estado”.
La expresión se dio en el contexto —que plantearon activistas locales— del deceso del ex migrante Robert Tzab, en 2010, cuando estaba arrestado por judiciales de la entonces Procuraduría General del Estado.
Cuestionado sobre un posible “ranking” en la materia, estimó inadecuado generarlo, porque de repente se crea la percepción de que un estado está bien, cuando siguen habiendo violaciones de derechos humanos.
Zazueta Vargas sostuvo que un caso de tortura es mucho.
“Es decir, a veces se genera, que es lo que le pasa a veces a Yucatán en el concierto nacional, digamos, que no muchos miran las cosas graves que pasan porque dicen es más seguro o no pasan tantas, pero es muy riesgoso, porque entonces las que pasan van a seguir ocurriendo y ocurren con impunidad. Por lo tanto, me parece que hay que investigar cada uno de los casos”.
¿Es grave la violencia institucional en Yucatán? ¿Se podría definir de esta forma?, se le inquirió.
—Me parece que sigue habiendo violaciones graves de los derechos humanos en Yucatán, incluidos casos de tortura, casos de detención arbitraria, etc., y estas violaciones graves no han tenido una respuesta adecuada de las autoridades y las autoridades deberían claramente condenar estos hechos. No sólo investigarlos, en cada caso puntual, sino mandar un mensaje político —contestó.
Resumió que “esa actuación ilegítima” de la autoridad contribuye a otras violaciones por otros actores políticos o por otras fuerzas dentro de la entidad.
(LectorMx)
