Mérida, Yucatán.- Aún falta más de un mes para el concierto de Armando Manzanero en Chichén Itzá, y el “grito” de protesta es cada más vez más intenso por parte de los investigadores, quienes ya llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Sindicato Nacional de Investigadores del Instituto Nacional de Antropología (INAH) solicitó, mediante un documento, la opinión de los ministros sobre la legalidad del concierto, que está agendado para el 3 de febrero en la segunda zona arqueológica más visitada de México.
Iván Franco Cáceres, exdirigente e integrante activo del Sindicato, explicó que el recurso legal busca que los magistrados respondan a la consulta para que, en caso de favorecerles, puedan recurrir a un juzgado federal y meter un recursos para frenar el concierto.
Hasta ahora, las acciones de los investigadores se habían limitado a las manifestaciones públicas y la colocación de algunas mantas; este miércoles 20 de diciembre, colocaron dos nuevas, en la delegación Yucatán, en el norte de Mérida.
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Investigadores yucatecos colocaron mantas de protesta contra el concierto de Manzanero en Chichén Itzá. (Fotos: cortesía de Iván Franco Cáceres)
En entrevista, Franco Cáceres mostró su inconformidad por las declaraciones del director del l Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Escalante Bolio, quien criticó que organizaciones y grupos se opongan al homenaje a Manzanero en Chichén, y “no digan nada” de otros problemas de la zona arqueológica, como el ambulantaje.
Recordó que, como investigadores, su papel es precisamente aportar sus conocimientos para denunciar el daño que se genera con la entrada, al mismo tiempo, de una cantidad de personas que la ciudad maya no tenía ni en su época de auge.
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Con base en esas investigaciones, que de por sí ya son una denuncia del daño que existe, ellos se han manifestado contra cualquier acción que pueda generar daño en el patrimonio, ya sea conciertos, otras concentraciones masivas de gente y, por supuesto, la presencia de ambulantes.
Sin embargo, reiteró no sólo su disposición a colaborar, sino que propuso una “gran mesa” de diálogo con todos los actores involucrados en el problema del ambulantaje en Chichén, para darle una solución definitiva.
Aseguró que detrás de los ambulantes hay una “mafia”, y que muchos no están ahí porque requieran vender para sobrevivir. Hay incluso empresarios que compran las mercancías -la mayoría de origen chino- y que ponen a sus empleados a vender como si fueran amulantes.
“A grandes problemas, grandes soluciones (…) En Morelia, hace 20 años, había un problema enorme con el ambulantaje en el Centro Histórico. Con el diálogo se solucionó todo en apenas dos años”, recordó el también catedrático.
En el caso de Chichén, hay intereses de tanto de grupos como los propios ambulantes, como empresarios e incluso los Gobiernos estatal y federal, incluido en el propio INAH, quienes no han querido resolver el de fondo el problema.
Recordó que el deterioro de la zona arqueológica está documentado, pero que se requieren estudios recientes para mostrar el deterioro que tiene, por la llegada masiva de turistas; estas investigaciones apoyarían la moción de evitar cualquier acción, llámense conciertos -sin importar si es Manzanero o Elthon John- o la presencia de ambulantes.
