Mérida, Yucatán.- Medio centenar de yucatecos busca “frenar” a todas la fuerzas armadas, para evitar que soldados puedan patrullar, como policías, el Estado, facultad que les otorga a esos cuerpos de seguridad, una nueva ley.
Para lograrlo, interpusieron un amparo, es decir, pidieron a los jueces, que los protejan contra la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior (LSI), promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, el 21 de diciembre de 2017.
Aunque aún no se aplica, pues el propio Presidente la suspendió hasta que se resuelven las impugnaciones -como la que hizo pública el colectivo de ciudadanos yucatecos-, la Ley está vigente desde el año pasado. Uno de los aspectos que regula es la participación del Ejército, La Marina y la Fuerza Área en labores de vigilancia.
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Parte de los documentos que avalan la presentación del amparo contra la Ley de Seguridad Interior.
Desde su concepción y posterior aprobación, la Ley fue duramente criticada por organismos públicos autónomos, organizaciones civiles e incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU), por considerar que varios de sus artículos violan derechos humanos fundamentales.
A partir de su promulgación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), y algunos gobiernos municipales interpusieron controversias constitucionales para evitar su aplicación.
En el caso de Yucatán, el grupo de ciudadanos, 55 en total, que decidieron organizarse para “pelear” en contra de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, citó a conferencia de prensa para informar sobre la demanda de amparo colectiva que interpusieron, y que fue admitida para su estudio.
En el encuentro con la prensa, una de los convocantes, Sisely Burgos Cano, leyó un breve comunicado en el que establecieron los artículos constitucionales que, según su denuncia, viola la Ley de Seguridad: 1°, 6°, 9° y 16°.
“Esta ley solo legitima y perpetúa lo que discrecionalmente las fuerzas armadas ya venían practicando desde hace diez años, en un país en donde ya tenemos más de ciento cincuenta mil muertes y más de treinta mil desaparecidos como consecuencia de la falaz lucha contra el narcotráfico”, dice el comunicado leído en la rueda de prensa.
La demanda de amparo fue presentada el jueves 1 de febrero de 2018, dentro del plazo de 30 días que la ley establece como periodo para ampararse contra una ley.
El abogado que asesora al grupo, Baltasar Alejandre Canul, explicó por qué fueron 55 personas las que se reunieron porque no era viable que lo hicieran individualmente, puesto que no fue una acción masiva en todo el país, y decidieron hacerlo colectivamente.
Sisely Burgos, una de las representantes de los ciudadanos que interpusieron una amparo en Yucatán, contra la Ley de Seguridad Interior.
Entre otros aspectos, el asesor legal justificó que el Ejército esté realizando labores de vigilancia de ciudadanos, porque la propia ley así lo da por sentado, pues no requiere de ningún tipo de permiso para hacer esa labor.
Informó que este 2 de marzo fue admitida la demanda de amparo de los 55 ciudadanos, y se les fijó la audiencia constitucional para el 12 de abril ante el juzgado 4o de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán.
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Dijo que las autoridades que son “requeridas” tienen 15 días para responder a la demanda de amparo de los ciudadanos, y que dependiendo de esa respuesta es como pueden saber si debe ampliar algún legal.
Admitió de que en caso de que les dieran la razón, la protección contra esa ley será solo para ellos, no para toda la sociedad.
Dijeron desconocer si, como ciudadanos, existen otros grupos que hayan interpuesto demandas de amparo similiares, y que sólo conocían los casos de organismos públicos que interpusieron controversias constitucionales.
