Mérida, Yucatán. – Los más de 30 mil artesanos de Yucatán se encuentran desprotegidos jurídicamente, sin una ley que regule y fije políticas públicas de apoyo a su actividad, afectados de hecho por la falta de canales de comercialización y de capacitación.

Ante esta situación, la directora de la Casa de las Artesanías, Beatriz Peralta Chacón, estimó necesario establecer una ley que considere la atención y el respaldo a ese sector de la economía, con el fin de que establezcan programas de apoyo y estrategias de comercialización.

En entrevista, informó que ha trabajado en la conformación de artesanos del estado, el cual a la fecha integra poco más de 12 mil; sin embargo, dijo, se calcula que existen más de 30 mil en todos los municipios de la entidad que requieren estar registrados para ser tomados en cuenta.

Reconoció que para la mayoría de los artesanos su actividad es una alternativa de autoempleo y para otros una opción de economía familiar, y que las políticas de apoyo del actual gobierno de Rolando Zapata Bello no han alcanzado a beneficiar a todos ellos.

Indicó que se realizan ferias continuas, exposiciones y nuevos espacios de ventas para promover los productos artesanales, aunque son insuficientes para rotar y atender a todos los involucrados en esta actividad.

Expresó que la nueva ley debe fijar el establecimiento de cadenas de valor, con presupuestos de apoyo como se realiza con ganaderos, apicultores y otro tipo de productores.

Los apoyos a los artesanos deben incluir capacitación, orientación para certificación del producto en cuanto a materias primas utilizadas, envoltura, código de barra y presentación, así como estrategias de promoción para colocar las artesanías en mercados nacionales e internacionales, apuntó.

Beatriz Peral opinó que una nueva iniciativa de ley en la materia a nivel estatal debe ser tomada en cuenta por el próximo jefe Ejecutivo o el Congreso estatal para que se determine el marco legal que regule y apoye a la actividad.

En ese sentido, refirió que la Casa de las Artesanías a su cargo, creada en 1978 durante el gobierno de Francisco Luna Kan, debe contar con mayores atribuciones y recursos con el propósito de que pueda ampliar su margen de acción y beneficiar a un mayor número de productores.

(Jesús Mejía)