Mérida, Yucatán.- Un grupo de ciudadanos hizo pública información sobre la compra “masiva” de casas y terrenos, en los últimos 10 años, que involucra a varios personajes públicos, incluido un candidato a la gubernatura de Yucatán.

Cuando restan unas cuantas horas para que entre en vigor la veda electoral, los denunciantes, encabezados por Patricia McCarthy Caballero y María Eugenia Núñez Zapata, aseguraron que esta red de personas adquirió, en 10 años, unas 580 propiedades.

En un documento que leyeron a la prensa, enlistaron una serie de operaciones inmobiliarias que involucran al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mauricio Sahuí Rivero, y su círculo familiar cercano, además de amigos -muchos de ellos funcionarios o exfuncionarios, pero no presentaron ninguna prueba de sus dichos.

Los cálculos del grupo de ciudadanos sobre el valor de las 607 propiedades adquiridas es de 600 millones de pesos.

Según ellos, la red, compuesta en un primer círculo por 14 personas, incluido el candidato, pasó de tener 27 propiedades, en 2007, a 607 en 2017, lo que equivale a multiplicar por 22 el patrimonio con el que empezaron, un año después de la llegada de Ivonne Ortega al Gobierno del Estado.

McCarthy Caballero dijo, tras finalizar la lectura del documento, que lo único que les movía a denunciar públicamente el  caso era la “indignación” por ver que un funcionario haya acumulado tantas propiedades en tan poco tiempo, sin que el sueldo que ha percibido le permita esos “lujos”.

Además, cuestionaron algunas “triangulaciones” de propiedades (terrenos) que compraron a precios menores y vendieron también a bajos precios, de acuerdo con el valor del mercado inmobiliario.

Instaron a las autoridades a abrir investigación y descartaron por ahora presentar alguna denuncia penal sino que sólo estaban presentando la información que “les habían hecho llegar” (no dijo quién o quiénes)  porque “eso les correspondía como ciudadanos”.

Cuestionados por los reporteros sobre el por qué publicar la denuncia  hasta ahora, unos días antes de las elecciones, cuando la red, según su queja, lleva ya varios años operando, María Eugenia Núñez dijo que “eso no era lo importante”, sino que se denunciara lo que consideró irregularidades en las operaciones de la supuesta red.

Por momentos, la conferencia de prensa se tornó ríspida porque nunca respondieron por qué todo lo que supuestamente habían investigado no ameritaba una denuncia penal; también se les preguntó por qué sólo acusaban a un candidato cuando los otros también tenían expedientes, como las empresas fantasma del candidato panista, Mauricio Vila.

María Eugenia Núñez se defendió con el argumento de que no era un ataque contra un candidato sino contra varias personas, que incluían otros funcionarios (leyó algunos nombres) que no eran sólo del Gobierno del Estado, sino de la Alcaldía de Mérida y del vecino estado de Quintana Roo.

“Si lo que ustedes creen es que venimos a destapar a uno para tapar a otros, están equivocados”, le dijo a los reporteros Núñez Zapata”.

Al final, el grupo entregó a los reporteros el documento de 3 hojas tamaño carta que se leyó e “invitaron” a los representantes de los medios a verificar en la página web de MayaLeaks, donde supuestamente estaban los documentos que avalaban su denuncia.