Mérida, Yucatán.- Pese a que Yucatán es unos de los estados que invierte más en seguridad pública y justicia –en 2016 fue de casi 3,000 millones de pesos, más que en 14 entidades–, la población percibe deterioro en la materia por robos a casa habitación, a transeúntes y homicidios.

En el documento titulado “El gasto público frente a los resultados en seguridad pública y justicia”, se confirma la considerable erogación, ya que tan sólo en 2016 –el año de análisis– significó 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), similar a 6 estados y mayor que en 18 entidades del país.

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Los datos de delitos catalogados “menores” son crecientes en cuanto a robos a casas habitación, a tal grado que el sector privado y organizaciones sociales en diversos foros han demandado su tipificación como graves, a la par que ha requerido mayores sanciones para los responsables.

Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el análisis da cuenta que en el 2016 el gasto en seguridad pública y justicia de Yucatán fue de 2,965 millones de pesos, más que 14 estados, y per cápita (un mil 382 pesos), superior al que destinan 22 entidades federativas.

El 65.2 por ciento del total se destinó al resguardo del orden público y seguridad interior, y el 34.8 a procuración de justicia, porcentajes que se mantuvieron con variaciones mínimas en 2017 y 2018.

A nivel de recursos federales, sólo en el año del análisis, el gobierno federal distribuyó a los estados cuatro mil 43 millones de pesos del Fortaseg (Programa de Fortalecimiento de la Seguridad), de los que 2.5 por ciento correspondió a Yucatán, por arriba de lo que aplicaron otras 15 entidades.

En el concepto de Fortamum (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios), el gasto total federal fue de 11 mil 356 millones de pesos, de los cuales, el 1.7 por ciento correspondió a Yucatán, más que 11 entidades federativas.

En el concepto de (FASP) Fondo de Aportaciones de Seguridad, también recibió más recursos que nueve estados.

De acuerdo con el Inegi, no hay una relación directa entre el gasto en seguridad pública, tanto federal como estatal, con los niveles de victimización prevalentes en las distintas regiones del país, incluso en aquellas entidades que operan bajo el esquema de mando único policial.

Para que los gobiernos mejoren la eficiencia y efectividad del gasto en seguridad y justicia, resulta crucial asignar recursos basados en el desempeño y resultados, como podrían ser los indicadores de efectividad en la reducción de los niveles delictivos, la tasa de eficiencia en las investigaciones judiciales o la reducción en la tasa de reincidencia delictiva, entre otros ejemplos, indicó INEGI.

Recomendó el mejoramiento continuo de los servicios brindados; reconocimiento de los retos y carencias enfrentadas por los gobiernos y sus particularidades locales, y que premien la transparencia y la rendición de cuentas.

(Jesús Mejía/reportero)