Mérida, Yucatán.- Los dueños de la megagranja porcícola de Homún frenaron el juicio en su contra, por medio de la recusación de la juez que lo lleva, es decir, cuestionaron su actuación porque consideraron que favorece a los demandantes, en este caso 6 niños que se ampararon para evitar la operación de la planta.

Aunque, en el fondo, el objetivo de la estrategia es tirar a la juez, por ahora lograron evitar una serie de peritajes que se habían programado para estos días, pues con la recusa se frena todo procedimiento sobre el caso.

En rueda de prensa, representantes de las organizaciones “Guardianes de los Cenotes” e “Indignación”, también se quejaron de que la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) contrató a un despacho de abogados que asesora a la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”.

Como hemos informado, el conflicto en Homún es entre un grupo de pobladores y la empresa que quiere instalar la granja. Los habitantes argumentan que contaminará el manto freático y, por ende, el agua de los cenotes, algunos de los cuales son explotados turísticamente por ellos.

Por su parte, la empresa está respaldada por decisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y por el Ayuntamiento de Homún que les otorgaron los permisos correspondientes -como licencia de uso de suelo y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Sin embargo, los habitantes recurrieron a la justicia federal, y solicitaron un amparo para evitar la operación de la granja, que desde hace varios meses ya tenía cerdos.

La juez determinó la suspensión de operaciones de la planta, en tanto se hacen las averiguaciones sobre un amparo que solicitaron niños de Homún; la empresa no acató la resolución, por lo que la juez dio un plazo perentorio que, hasta ahora, se desconoce su cumplieron.

Por estos días, como parte de las diligencias para determinar si la planta afecta el medio ambiente, se habían programado la recolección de muestras de agua, aire y otros componentes naturales. Sin embargo, apoyados por un nuevo equipo de abogados, los empresarios metieron la recusación.

La recusación es un recurso legal en el que alguna de las partes de un juicio utiliza cuando considera que la actuación del funcionario no es imparcial. En este caso -explicaron los quejosos- la empresa argumenta que la juez “litiga” a favor de los habitantes, porque “incluyó” -por su propia voluntad- un elemento para reforzar la decisión a favor de los demandantes: la falta de una consulta indígena.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) también denunciaron que detrás de este recurso, al que calificaron de “chicanada”, provino de los nuevos abogados de PAPO, entre los que destaca Gerardo Carrasco Chávez, quien funge como representante legal de la organización “Mexicanos Unidos contra la Corrupción”.

De acuerdo con los abogados del grupo Indigación, que asesoran a los habitantes de Homún, la recusación detiene todo el proceso legal hasta que un tribunal colegiado resuelva la queja de la empresa en contra de la juez, lo que implica que el caso se alargue aún más.

En ese sentido, recordaron que la juez no se ha pronunciado a fondo sobre el amparo solicitado por los menores de Homún, sino solo pidió que se suspendieran las operaciones en tanto resuelve el asunto; por eso consideraron extraño el actuar de PAPO, y sospechan que sólo quieren evitar la recolección de muestras como evidencia.

Estuvieron en la rueda de prensa: Martha Capetillo Campos, Jorge Fernández Mendiburu y Lourdes Medina Carillo (del grupo Indignación); Doroteo Hau Kuuk y José May Echeverría (de Kanan Ts’ono’ot -Guardianes de los Cenotes en maya-).