Mérida, Yucatán.- El Consejo Maya del Poniente de Yucatán presentó hoy una denuncia popular en contra de quien resulte responsable por hechos, acciones y omisiones que han producido deforestación, desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales en el municipio de Kinchil.

La acción jurídica tiene que ver con las operaciones de granjas porcícolas del consorcio Kekén.

Según los habitantes, en esa localidad se han contravenido disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

La querella fue llevada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ambas federales, así como la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno de Yucatán.

En conferencia de prensa, advirtieron que desde el arranque de Kekén en esa parte del estado (2010) notaron la reducción de la población de abejas y de las cosechas de miel.

Sin embargo, “recientemente” debido al extravío de ganado es que recorrieron el área y encontraron “pantanos de aguas negras” que atribuyen a esas instalaciones.

Igual achacaron a Kekén, y a su socio Kuo, despojo de tierras, con litigios agrarios sin concluir a la fecha.

Pese a esa situación, la empresa pretende crecer en Kinchil y aumentar las naves de producción de cerdos.

“Ni al inicio de operaciones en el 2010 ni ahora obtuvieron el consentimiento del pueblo maya de esa región para realizar actividades de tan fuerte impacto en una zona con un ecosistema tan frágil y sensible, cercano a la costa, con cenotes, humedales y diversidad en riesgo”, dijo Carlos Llamá Ventura, en la lectura del escrito.

Expusieron haber constatado que a “inversionistas de fuera” y a muchas autoridades nacionales y locales, poco les importa el agua, las vidas, la tierra y el medio ambiente, menos los derechos del pueblo.

“Anunciamos también el inicio de todas las acciones necesarias para hacer valer nuestros derechos como pueblo maya, para defender nuestro territorio y para cuidar el agua y el medio ambiente ante la ambición y el despojo”, reveló Llamá Ventura.

“Nos hemos propuesto obtener toda la información disponible acerca de cómo se obtuvieron los permisos y cuál es la situación actual de la contaminación”, agregó.

Al tiempo que reclamaron atención para investigar y detener la contaminación, anunciaron el inicio de la organización entre pueblos del poniente y otros que quieran unirse para que sean tomados en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo.

Alertaron que en territorios de esa zona se están promoviendo actividades humanas y productivas que no corresponden al contexto local de las comunidades mayas.

“Porque la entrada de megaproyectos ha promovido la vulnerabilidad y la creación de nuevos riesgos y de verdaderos desastres en materia ambiental, provocando daños y efectos adversos en nuestras comunidades”, compartieron.

Para ello, informaron que han solicitado la asesoría y colaboración del Equipo Indignación A.C.

Carmen Ventura, ama de casa, relató que optaron por organizarse para proteger sus montes, la salud y las vidas, frente a la contaminación y las afectaciones en las floraciones de árboles y, como consecuencia, a la producción de miel.

“Queremos llegar, como decimos, saber la verdad de dónde vinieron los permisos, las concesiones, qué gobierno está detrás de eso”, expresó.

Alberto Rodríguez, de Ka’anan Ts’onot, Guardianes de los cenotes de Homún, acudió para manifestar solidaridad con esta nueva lucha en defensa del agua y de los territorios.

Orvelín Montiel Cortés, fue otro de los que intervinieron para exponer el panorama y el sustento de la movilización.

(LectorMx)