Mérida, Yucatán.- El desabasto de antirretrovirales para personas que viven con VIH/SIDA comenzó a afectar en Yucatán, y podría agravarse por el factor político.
Carlos Méndez Benavides, director del albergue “Oasis San Juan de Dios”, lanzó la denuncia y reveló deficiencias en la operación del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Mérida.
Ese sitio tiene en registro a dos mil pacientes y la responsabilidad de generar campañas de prevención con pláticas en escuelas, así como la aplicación de pruebas rápidas, las cuales, al igual que el servicio bucal integral, están suspendidos.
“Es triste, pero estamos viendo ya un Capasits en una deficiencia enorme, con una directora (Gabriela María Villanueva Arzápalo) que está más dedicada a su Secretaría General de su sindicato y asuntos políticos que dedicarse a la atención no sólo de los pacientes…”, explicó el activista.
En entrevista, advirtió que se pone en riesgo no sólo a los pacientes sino a la población de Mérida.
“Ya viene el Día Mundial (de la Lucha contra el SIDA) y vamos a dar cuenta y cuentas también en el sentido de los números: que el VIH está arrasando a una velocidad impresionante, y entonces no se está haciendo las funciones a las cuales se requiere dedicarse con pasión…”, dijo.
Sin dejar de reconocer el perfil profesional de la doctora Gabriela María, cuestionó que por motivos políticos descuide su labor como funcionaria en sus traslados entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Apenas el 29 de octubre pasado, Villanueva Arzápalo asumió como secretaria general de la Sección 23 del Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de Salud (SINTS).
Méndez Benavides ventiló un supuesto desabasto de Biktarvy (que contiene Bictegravir, Emtricitabina y Tenofovir alafenamida), con precio comercial de 13 mil 800 pesos, y Prezcobix (que contiene Durunavir y Cobicistat) con costo de 8 mil 100 pesos.
Enlistó perjuicios a las personas con limitaciones de movilidad, a quienes desde el lunes les informan que en tres o cuatro días les avisan, sin fecha exacta para recoger los medicamentos, pese a que lo requieren de forma continua para evitar repercusiones negativas.
“Se les pone en riesgo de morbilidad, de que generen una discapacidad mayor y también en una posibilidad de mortalidad”, precisó.
Por el caso, se interpuso queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ello ocasionó la intervención del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA.
(LectorMx)
