Por Jesús Mejía

Mérida, Yucatán.- A más de tres semanas de la violencia suscitada durante una manifestación en el centro histórico de Mérida, aún no hay resultados en las investigaciones por el uso “no autorizado” de gas lacrimógeno en contra de ciudadanos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, reiteró su versión de los hechos y justificó la actuación de sus subordinados el 19 de enero pasado.

“Hay una investigación abierta, lo tiene asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y se está trabajando en ello”, respondió de manera escueta en su comparecencia ante diputados locales.

Elusivo en los asuntos delicados, el funcionario remarcó que ese día un grupo “identificado” agredió, quitó las vallas y se las tiró a los agentes y jaló un oficial.

“Y una granada es disuasiva para evitar que los elementos golpeen o tengan enfrentamiento cuerpo a cuerpo con las personas”, argumentó, al tiempo que apeló a protocolos federales y la ley nacional sobre el uso de la fuerza.

“Y nadie ha preguntado del estado del elemento ni nadie preguntó por qué golpearon ese elemento, sino que también los elementos tienen sus derechos humanos; ellos no agredieron, sino fueron agredidos”, reprochó el comandante.

En la Glosa del Informe en los temas de Gobierno, Seguridad y Estado de Derecho, citó que el 20 de mayo de 2019 comenzó la certificación de la SSP en la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés), en respuesta a la necesidad de mejorar operaciones y calidad de los servicios.

A la fecha, reveló, se tiene avance del 47 por ciento, con corte al 31 de diciembre pasado.

A pregunta sobre el reemplacamiento, insistió en que circulan en Yucatán 100 mil vehículos “foráneos”, de otros estados, que no han cubierto ese trámite.

En la sesión de cuatro horas y media, activistas desplegaron carteles alusivos a la “represión”, lanzaron gritos de “mentiras” y condenaron el “atraco fiscal”, del cual responsabilizaron a “diputados traidores”, por lo que fueron conminados a guardar orden y respeto.

El legislador Felipe Cervera Hernández abordó la prevalencia del robo a casas habitación, particularmente en los municipios de Mérida y Progreso.

De acuerdo con datos de denuncias por delitos del fuero común en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2019 en Yucatán se formularon tres mil 210 averiguaciones previas por robo, de las cuales 130 correspondieron a casa habitación, lo que no refleja la realidad expresada por ciudadanos yucatecos, ya que hay muchos casos sin denunciar, planteó el priísta.

Por su parte, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, afirmó que no se permitirá pretexto alguno que implique el rompimiento de la paz social.

“No vamos a permitir que nos roben lo que hoy hace que Yucatán sea el mejor estado del país. Todas las manifestaciones pacíficas son bienvenidas, aún aquellas en las que se disientan o expresen desacuerdos”, puntualizó.

También asistieron el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado (IMDUT), Aref Karam Espósitos; el consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, y el director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, Heyder Cetina Rodríguez.

(LectorMx)