Pisté, Yucatán.- Más de dos mil personas que dependen del turismo en la zona arqueológica Chichén Itzá siguen en espera de apoyos tras suspender actividades hace más de un mes por la contingencia sanitaria.

En particular son 668 artesanos-comerciantes que laboran en el interior del sitio prehispánico, con dos empleados cada uno para un total de mil 336 de estos últimos.

A ellos, se incluyen 42 cargadores y más de 20 vendedores de comida, que en global hacen dos mil 66 personas.

Sin embargo, de manera indirecta la paralización afecta, según se estima, a unos 10 mil pobladores de Pisté, Xcalacoop, San Felipe, San Francisco, Popolá, Dzitás, Xocempich, Libre Unión, Ticimul, Yaxcabá y Chankom, entre otras.

“La gran mayoría de nosotros vive al día y no contamos con seguro médico del IMSS u otro similar”, explicaron hoy los dirigentes Mariana Mex Yam, Efraín Cetz y Juan González Espadas.

En nombre de los artesanos-comerciantes difundieron un pronunciamiento para quejarse de que no han sido tomados en cuenta por las autoridades federales y estatales.

“Si el virus no nos mata, nos matará el hambre”, plantearon, ya que sus ingresos se han visto seriamente afectados y se han acabado sus pocos ahorros.

El colectivo lanzó un llamado al gobernador Mauricio Vila Dosal para que responda a la solicitud del 27 de marzo pasado, una semana después del cierre de Chichén Itzá, ordenado por la Secretaría de Cultura federal.

Como propuesta pidieron entonces: la entrega semanal de 750 pesos y una despensa con alimentos de canasta básica, durante el tiempo que lleve el paro.

También expusieron que no existe certeza por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur) sobre cuándo reabrirá la zona arqueológica.

“Y peor aún, hemos escuchado rumores de que una vez que se abra Chichén Itzá de nuevo al público, no nos dejarán entrar para realizar nuestra labor acostumbrada, que hemos hecho por décadas.

“Sentimos que esto refleja las verdaderas intenciones de las autoridades federales y estatales, que siempre ha sido de desalojarnos de nuestro sitio de trabajo”, asumieron.

Los líderes comunitarios advirtieron que si se pretende impedir su acceso a Chichén Itzá se tomarán “las acciones que sean necesarias, por drásticas que pudieran ser”.

Al final insistieron en antiguos reclamos:

1. Que el INAH y/o las autoridades correspondientes expropien la propiedad privada (de aproximadamente 746 hectáreas a nombre de la familia Barbachano) en la zona federal de Chichén Itzá; los ejidos, entre ellos los de Pisté y San Felipe, no deberán ser afectados de ninguna manera.

2. Creación de leyes que exenten de pago todos los días del año a todos los mayas de la península de Yucatán para ingresar a cualquier zona arqueológica de Yucatán abierta al público.

3. Pedimos que las autoridades del INAH y/o las que correspondan nos reconozcan formalmente nuestro espacio de trabajo acostumbrado, como lo están los artesanos de la zona arqueológica de Teotihuacán, quienes cuentan con credenciales y acuerdos firmados entre las autoridades del INAH y el presidente municipal del lugar.

Actualmente estamos expuestos al sol y la lluvia y requerimos de espacios dignos que estén acordes al entorno arquitectónico del lugar.

4. Reanudación de la mesa de diálogo, entre las diversas instancias federales, estatales y nosotros, para buscar los mejores consensos y soluciones a la problemática existente.

5. Y, que el 15 por ciento de los ingresos que capta mensualmente el INAH y la Secretaría de Hacienda de Yucatán, a través del patronato de Cultur, en la zona de Chichén Itzá, se destine al municipio de Tinum.

Como su representante ratificaron al abogado Villevaldo Pech Moo, como asesor jurídico.

Igual suscribieron el escrito: Rubí Couoh, Marcelino Cen Ciau y Eliseo Escano Noh.

(LectorMx)