Ciudad de México.- Un fraude por más de 55 mil millones de pesos fue revelado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que son involucradas 43 empresas “factureras” y ocho mil 212 personas físicas y morales.

Se trata del primer paquete de denuncias por un monto facturado de 93 mil millones de pesos, explicó Raquel Buenrostro, jefa del SAT.

Por estos casos intervendrán la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Las “factureras”, varias también investigadas por lavado de dinero, cubrían operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, así como para el pago de actividades ilícitas, según el SAT.

“Lo que hacen es aumentar con gastos falsos, en los gastos de alguna empresa real, de tal suerte que disminuyen sus utilidades y con eso disminuyen también el pago de sus impuestos; con esto engañan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, y generan defraudación fiscal”, detalló la funcionaria.

Lo “recuperable” son 19 mil millones, lo demás “son muy difíciles de recuperar”, reconoció.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán citados ocho mil 212 contribuyentes para que regularicen su situación, junto con las querellas penales para “los de arriba”.

“Partidos, periodistas, funcionarios públicos, gobiernos, todos van a ser requeridos, no hay impunidad…”, advirtió el mandatario.

“Son dos niveles: los autores intelectuales, los que maquinaron todo este fraude con influyentismo, las empresas factureras que están bien identificadas, por eso están presentando denuncias penales y la gente, los contribuyentes que utilizaron este procedimiento para reducir el pago de impuestos, algunos conscientes, otros sin saberlo”, asentó en la conferencia mañanera.

En total con esa defraudación, difundió el SAT, dejaron de entrar 55 mil 125 millones de pesos a las arcas públicas, por el ejercicio fiscal 2017.

En suma, se analizaron 22 millones de facturas.

A los contribuyentes se enviarán exhortos y se les concederán tres meses para su regularización, y si no hay respuesta enfrentarán denuncias.

De acuerdo con el SAT, esta práctica comenzó a proliferar desde 2010 y llegó a crecer “exponencialmente”.

(LectorMx)