Mérida, Yucatán.- Representantes de organizaciones en pro de los derechos políticos de las mujeres exigieron a los partidos evitar alianzas que violenten o afecten la participación de género y otorguen espacios a abanderados indígenas y de grupos vulnerables.

Dirigentes de unas 10 agrupaciones afines suscribieron un acuerdo para sostener una férrea defensa de la implementación de la paridad y la presencia étnica en la postulación de candidatos a puestos públicos.

María Eugenia Núñez Zapata, presidenta de Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), advirtió en conferencia de prensa que serán vigilantes y fiscalizadoras del desenvolvimiento y cumplimiento de la ley de todos y cada uno de los partidos políticos que estarán en contienda el próximo 6 de junio de 2021.

“Vemos con temor la intención de los partidos políticos de construir alianzas electorales como un mecanismo para evadir su obligación de respetar las cuotas para mujeres e indígenas que todos plasman en sus estatutos”, puntualizó.

Por ello, en nombre de las firmantes pidió a las instituciones electorales que vigilen el estricto cumplimiento de la ley que protegen los derechos de las mujeres y de la población indígena de ser representados en paridad y sustancia en el presente proceso electoral 2020-2021.

Recalcó su advertencia de que todas las denuncias y resultados de investigaciones que realicen como grupo social sobre hechos que atenten contra los derechos políticos de las mujeres y los indígenas serán expuestos y presentados ante las autoridades correspondientes.

En el documento, las activistas pidieron a la ciudadanía mantenerse vigilantes en la defensa de los Lineamientos Pro Paridad Sustantiva del Instituto Electoral y de Participación Ciiudadana (Iepac), que de manera inexplicable desechó la mayoría de los consejeros electorales.

Refirieron que esto último ha sido impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y la Sala Regional del TRIFE, con sede en Xalapa, por lo que esperan resolución máximo en tres semanas.

En conferencia de prensa, expusieron que hay señales de violencia política contra las mujeres que hoy ocupan cargos públicos y citaron en particular a las síndicos de Kanasín, Maní y Tekax, quienes han sido marginadas y limitadas en su desempeño.

Al respecto, la académica Gina Villagómez Valdés mencionó que la violencia política contra las mujeres es una realidad en Yucatán, que se manifiesta en tres formas.

La primera, es la institucional y de los partidos que impiden mediante vericuetos jurídicos y políticos el acceso de las mujeres en la vida política en condiciones de igualdad.

El segundo tipo de violencia, que ya se vio en la elección de 2018, tiene que ver con la restricción de recursos económicos para las campañas políticas de las mujeres candidatas, las cuales, además, enfrentan el acoso de miembros de las comunidades y ataques y amenazas en redes sociales.

El tercer tipo de violencia lo relacionó con las restricciones en su desempeño de los cargos públicos que ejercen como son los casos de las síndicos antes mencionadas.

Rubricaron el compromiso de vigilancia y seguimiento a los partidos: Irene Piña Alberto, de Mujeres Yucatecas A.C.; Lydia Laucirica Guanche, de Mujeres A.C.; Marbella Casanova, de la Unión Obrera Peninsular; Adelaida Salas Salazar, de Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, y Milagros Herrero Buchanan, en lo particular, entre otras.

(LectorMx)