Mérida, Yucatán.- Cerca de cumplirse cuatro años del feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo de 2017, el corrupto sistema de justicia en Yucatán sigue retrasando diligencias y revictimizando a hijos y madre de la fallecida.

Aún no existe justicia plena en el caso por la lentitud de cuatro procesos pendientes de resolución, entre ellos el recurso de apelación presentado por autores intelectuales del crimen, declaró la señora Ligia Teresita Canto Lugo.

La afectada reconoció que pese a las pruebas que imputan a los autores intelectuales, Martín Alberto Medina Sonda y Juan Ramón Moreno Hernández, éstos han utilizado medios legales para retrasar los procedimientos.

La apelación fue promovida por ambos el 6 de octubre de 2019 tras conocerse la sentencia dictada el 29 de septiembre del mismo año, y transcurridos 16 meses el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán no ha resuelto.

Además del seguimiento del caso por feminicidio y el del apodado “El Cachorro” copartícipe del crimen, están pendientes de solución los juicios de guardia y custodia de los hijos, de la patria potestad de los mismos, y el de pensión alimenticia.

Explicó que el proceso de administración de justicia es “mega lento”, particularmente en cuanto a la demanda de pensión alimenticia que promovió la hoy finada Emma Gabriela desde 2013 a favor de sus hijos Mariana, Martín e Isabella.

Este asunto, precisó la entrevistada, se encuentra en el Juzgado Primero Tradicional a cargo de la juez Rubí Guadalupe González Alpuche y ya son ocho años en que el progenitor Medina Sonda no ha proporcionado ni un solo peso para el sostenimiento de sus hijos, y la autoridad, recalcó la quejosa, continúa dilatando.

Canto Lugo aclaró que la demanda de pensión alimenticia es un acto de protección y defensa de los derechos de los niños que se encuentran bajo su protección como abuela y no es un tema de dinero.

Afirmó que la pandemia del Covid-19 ha afectado también los procesos que se siguen sobre la patria potestad y custodia de los menores, los cuales han sido retardados.

La mujer de la tercera edad explicó que los antecedentes del padre y autor intelectual del homicidio de su hija, así como los de su familia, muestran que no tienen por qué tener bajo su cuidado a los menores.

“Está probado que esa persona – Medina Sonda– ha ejercido violencia en contra de los niños”, remarcó la dama, quien reconoció que la batalla judicial para defender y proteger a los niños ha sido extremadamente costoso.

Doña Ligia aseveró que los nietos a su cargo, de 16, 14 y 12 años de edad, se encuentran bien física y emocionalmente hablando, ya que se les ha dado mucho amor y estabilidad.

Los resultados de sus estudios y desarrollo académico han sido excelentes, lo que es prueba del estado de bienestar en que se encuentran, compartió.

Expresó preocupación por la guardia y custodia, ya que el Juzgado de lo Familiar ha requerido la presencia de los tres chicos, en procedimiento llamado “peritaje”, lo que implica rememorar el impacto emocional que ha implicado la relación con su padre, quien un tiempo los mantuvo cautivos o alejados de Emma Gabriela.

La juez debe tomar en cuenta todos los antecedentes, ya documentados, y resolver en consecuencia sobre el proceso, sin que por ello tenga que revictimizar o revivir la amarga experiencia que representó haber perdido a su progenitora, reclamó la abuela materna.

(LectorMx)