Mérida, Yucatán.- El remplacamiento en Yucatán tendrá ajustes, según aprobaron por mayoría integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local.

El dictamen, que pasará para resolución al pleno, establece que “las placas podrán ser permanentes, dependiendo de su estado físico, o podrán ser provisionales, en caso de cambio de propietario, uso, destino del vehículo, robo o daño”.

Esto último, cuando el deterioro sea tal que impida identificar las letras o números de la mica, atendiendo a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana (NOM).

Además, las placas podrán ser sustituidas cuando, por razones de seguridad pública, lo determine la autoridad competente y el plazo del cambio no deberá ser menor a tres años.

En cuanto al precio de las micas al público, “deberá ser el costo real de producción”, sin exceder el monto y no podrá contar con otro concepto adicional.

También se mantendrá la obligatoriedad de devolver los documentos, placas, calcomanías y hologramas, en caso de que se realice el canje, como ya está plasmado en la ley, para evitar la venta de vehículos en otros estados con datos falsos.

Los diputados del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama y Miguel Rodríguez Baqueiro, votaron en contra.

El visto bueno en comisiones dispone adicionar el Párrafo Primero del Artículo 49, de la Ley General de Hacienda del Estado, y reformar diversos artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad, en materia de Reemplacamiento.

La iniciativa original contó con propuestas de ajustes del priísta Felipe Cervera Hernández, y de la independiente Silvia López Escoffié.

Previamente, la coordinadora de la fracción del PAN, Díaz Lizama, solicitó el desechamiento de la propuesta ya que contraviene la NOM que marca renovar la placa cada tres años, además de que no abona en nada a la seguridad de la población.

La panista cuestionó cambios “inviables”, porque al emitir una sola placa que carezca de vigencia generaría un descontrol administrativo.

Cervera Hernández negó que se vulnere la seguridad en el estado o que se afecte al medio ambiente, tampoco se transgrede normas jurídicas de otra naturaleza.

En su opinión, la seguridad pública no tiene que utilizarse como medio recaudatorio.

“Estamos en un momento crítico para todos los ciudadanos, y mantener una obligación de pago solamente para el hecho de recaudar, cuando el próximo año vamos a estar precisamente en todo un proceso de recuperación del estado pues me parece que esta es una buena oportunidad de corregir…”, alegó.

Rodríguez Baqueiro advirtió que con esta propuesta se está alterando el debido funcionamiento de una estrategia de seguridad pública.

(LectorMx)