Mérida, Yucatán.- El pueblo de Kinchil expresó por mayoría su respaldo, mediante consulta pública, a la permanencia de las granjas porcícolas, en tanto que fueron rechazadas en San Fernando, comisaría de Maxcanú, con votación cerrada, y en Celestún, de manera rotunda.

En Kinchil en abrumadora defensa de los empleos que generan las unidades porcícolas con más de 12 mil cerdos, los habitantes emitieron 576 sufragios a favor de las empresas y 423 en contra. 

En San Fernando, en decisión mínima, por un solo un voto de diferencia, 59 pobladores dijeron no a las 24 granjas porcícolas que operan más de 45 mil cerdos en sus inmediaciones y 58 estuvieron por el sí. 

Los residentes de Celestún resolvieron con mil 101 votos en contra y siete a favor.

Administración Agropecuaria de Yucatán S.P.R. de R.L. de C.V., Empresa Kuo y Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V. (Kekén), así como Agroindustrias Moba SPR de RL de C.V., son las compañías cuestionadas en el ejercicio ciudadano.

Los responsables de la organización: el Colectivo de Atención Comunitaria U yutzil kaj, Consejo Maya del Poniente Chik´in Ja´ de Kinchil, Consejo Maya del Poniente Chik´in Ja´ de Celestún y el Grupo Indignación Derechos Humanos informaron de los resultados de este proceso.

“Como pueblo ¿le das permiso al dueño de la granja de cerdos para seguir trabajando en nuestro territorio?”, fue la pregunta formulada en papeleta entregada en módulos de recepción instalados en las tres poblaciones.

Según los activistas, los resultados serán sometidos a discusión y análisis en sendas asambleas posteriores con el fin de que las comunidades decidan los siguientes pasos a seguir.

“Nunca más sin nuestro permiso” fue el lema del movimiento, cuyos promotores advirtieron en reuniones previas que dichas plantas productoras construyeron sin permiso.

Los organizadores aclararon que no pretenden que las empresas porcinas se vayan, sino que regularicen sus procesos e informen a la comunidad de los tratamientos de aguas negras y desechos, que den respuestas con claridad y transparencia.

Reconocieron que su pretensión como sociedad civil no es cerrar las granjas, ya que representa fuentes de empleos, pero sí contribuir “a hacer bien las cosas”.

Mauricio Casares Castro, miembro del Grupo Indignación Derechos Humanos, declaró que están en riesgo los ecosistemas y la salud de las personas por el aumento de cerdos y la falta de controles estrictos de la contaminación.

El problema es que esta agua contaminada es la que transporta todas las bacterias coliformes de la digestión de los cerdos, sus antivirales y hormonas por el suelo kárstico, lo que propicia, explicó, la contaminación de pozos, cenotes y el acuífero.

(LectorMx)