Mérida, Yucatán.- Entre las 10 autoridades más señaladas como presuntas responsables de violaciones a derechos humanos en Yucatán lideran la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según el Informe Anual de Actividades 2021 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), completan la lista: Ayuntamiento de Kanasín; Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay); Ayuntamiento de Mérida; Secretaría de Salud de Yucatán; Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y los ayuntamientos de Progreso y Celestún.
El año pasado se emitieron 31 recomendaciones a 20 autoridades diferentes.
Las autoridades más recomendadas fueron: el secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, con 13; mientras que el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, y el titular de la FGE, Juan Manuel León León, con dos cada uno.
También con dos la Junta de Gobierno del Hospital Comunitario de Ticul y el Ayuntamiento de Izamal.
Con una recomendación el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Liborio Vidal Aguilar, y el director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo.
Igual con uno respectivamente, los Cabildos de Chichimilá y Río Lagartos, y los presidentes municipales de Celestún, Espita, Hunucmá, Kanasín, Muna, Progreso, Sucilá, Umán, Tixkokob y Valladolid.
“Además, 126 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos, el año pasado esta cifra fue de 54 funcionarios”, citó la Codhey.
El presidente de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, reveló que recibieron dos mil 531 solicitudes de intervención, casi siete al día, en las oficinas de Mérida, así como en las delegaciones de Tekax y Valladolid.
En su informe al Congreso local, indicó que las quejas más recurrentes de ciudadanos son por prestación indebida de servicio público, detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; violación al derecho de los menores a que protejan su integridad; intimidación; violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; trato cruel, inhumano o degradante; dilación en la procuración de justicia; y retención ilegal.
Para la atención de los casos, el personal de la Codhey realizó nueve mil 494 diligencias, ya sea de manera presencial, por correos electrónicos, llamadas telefónicas, entre otras.
“Dentro de los procedimientos y para garantizar la integridad de los quejosos y agraviados, se dictaron 245 medidas cautelares y se interpusieron 15 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que, además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, también constituyen actos presuntamente delictivos”, asentó el reporte.
En 2021 se aplicaron supervisiones a las 106 cárceles municipales, así como a la cárcel pública de la SSP, y se observó que 85 no tienen área para mujeres y 95 carecen de espacios especiales para adolescentes.
(Con información de Codhey)
