Mérida, Yucatán.- Representantes de organizaciones emergentes y ciudadanos de la península de Yucatán acudieron al Poder Judicial de la Federación en Mérida para solicitar una revisión in situ de la construcción del Tren Maya y constatar, como parte de los procesos de amparo, la destrucción de los ecosistemas.

Provenientes de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, unos 40 manifestantes se concentraron el mediodía de este lunes para solicitar una vez más supervisen los daños al medio ambiente que causan trabajos del circuito, sin control alguno o Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El biólogo Roberto Rojo García y el experto en buceo en cuevas y cenotes José Urbina Bravo pidieron a los jueces den curso a las solicitudes de amparo levantados en todos los tramos del mega proyecto que desarrolla el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Hemos venido a solicitar al Juzgado I de Distrito haga una revisión in situ dado que hasta el momento ese procedimiento no se ha realizado y todas las resoluciones sólo se han definido desde el escritorio”, puntualizó Rojo García, investigador de biología en la UNAM y residente en Playa del Carmen.

“El juez de distrito ha dejado en estado de indefensión a la parte quejosa, olvida que tiene el deber de allegarse de todos los elementos que le permitan resolver de manera objetiva e imparcial, como lo dicta el criterio de juicio de amparo en materia ambiental”, puntualizó.

El megaproyecto, recalcó, es ilegal, destructivo y está afectando a los ecosistemas de la península de Yucatán en perjuicio de las actuales generaciones y las venideras; de ahí que pedimos a las autoridades que las cosas se hagan de manera correcta y legal, pensando en el futuro y en la naturaleza, agregó.

Como ejemplo de la violación a las leyes de protección al patrimonio natural y cultural, citó el caso de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, donde el Ejército Mexicano, aseguró, construye de manera irregular un hotel en la zona sin que hasta el momento ninguna instancia oficial lo impida.

Al respecto, Urbina Bravo expuso que tanto Fonatur como la Sedena han violentado la ley dado que no han presentado ninguna MIA para el tramo 5, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado razones de seguridad nacional para seguir la construcción sin aportar prueba alguna.

El popularmente conocido “Pepe Tiburón” comentó que más de 70 cuevas, cavernas y cenotes del Sistema Sac Actún, designado el 28 de octubre de 2022 como uno de los 100 geositios más importantes del mundo, han sido cubiertos de grava o afectados con cimientos a gran profundidad.

“La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está sometida a la decisión de su jefe y ése es el gran problema porque la dependencia permite que este ecocidio avance”, sostuvo.

Rechazó de manera firme que reciban algún tipo de financiamiento de empresas y de organizaciones del exterior como insiste López Obrador.

Gracias a las colectas que realizan los ciudadanos preocupados por esta situación ha sido posible pagar volantes y pancartas y trasladar en transporte público al representante legal de este movimiento, dijo.

“Si de verdad tuviéramos dinero del exterior, ya hubiéramos levantado cinco mil amparos. Todo es parte de una propaganda populista sin fundamento”, apuntó.

El colectivo hizo extensivos sus reclamos a la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que sean atendidos los juicios de amparo contra el Tramo 5 concentrados en el Juzgado I de Distrito en Yucatán.

La protesta transcurrió de manera pacífica frente al edificio en la colonia Petronila, del centro poniente de la ciudad.

(LectorMx)