Mérida, Yucatán.- Dirigentes de la iniciativa privada en Yucatán y de los padres de familia de escuelas públicas y privadas exigieron a los gobiernos federal y estatal a que respeten mandatos judiciales y apliquen los programas de estudio, planes y libros vigentes del ciclo escolar anterior.

Beatriz Gómory Correa, Levy Abraham Macari, Gerardo Pineda Martínez y Elías Dájer Fadel, presidentes locales de la Coparmex, de la Canaco Servytur Mérida, del Comité estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, difundieron un pronunciamiento luego que la Secretaría de Educación del Yucatán (Segey) anunció que distribuirá los nuevos impresos oficiales.

“No es que no queramos, es que la resolución del juez dice que se tienen que utilizar los libros del año anterior. No es un tema de querer o no querer.

“Por eso no queremos discutir el contenido de los libros, no es el momento para hacerlo. Eso se tiene que hacer en las mesas de diálogo…”, expresó Abraham Macari.

“Hoy, lo que estamos solicitando es el cumplimiento de la ley. Lo que queremos es que en Yucatán, al igual que en todo México, se cumpla la resolución de los jueces en que dijeron que se tienen que utilizar los libros del año anterior.

“Finalmente, si se distribuyen o no se distribuyen los libros, pues allá es donde le pedimos un poco al gobierno estatal que revise los alcances de la sentencia de los amparos que se emitieron para la asociación de padres de familia y vea si eso incluye al estado de Yucatán o no. Es facultad del gobierno del estado hacer una revisión y ver si los libros pueden o no ser distribuidos.

“Al final de la línea, eso sí puede estar un poco a consideración, pero lo que no está a consideración es la utilización de los libros nuevos. Esa parte, si los quieren distribuir o no pasa un poquito a segundo plano.

“Lo que estamos pidiendo es que se haga el ajuste que se pidió, que es utilizar los libros del año pasado”, declaró el representante del comercio organizado.

A su vez, Dájer Fadel remitió al artículo 23 de la Ley General de Educación y fracción segunda del artículo Tercero Constitucional que manda que la educación sea democrática, se convoque a todos los sectores que están interesados e involucrados con la educación, incluida la sociedad civil, lo cual no sucedió.

Y subrayó que el punto en discusión ahora es la parte legal, no el aspecto de pedagogía que “es enorme”.

“Virtualmente, les puedo decir como pedagogo, cada dos páginas del libro que reviso tiene puntos en donde yo haría notas y notas muy graves”, refirió.

En tanto, Pineda Martínez reveló que la Unión Nacional de Padres de Familia promueve que cada mamá o papá, en lo individual, se ampare y solicite que no sean utilizados con sus hijos esos libros que no son legales.

“Eso sí se está dando, se están presentando amparos individuales”, precisó.

(LectorMx)