Mérida, Yucatán.- El megaproyecto Heineken en el Parque Industrial de Kanasín recibió rechazo de activistas y habitantes de ese municipio, quienes consideran que habría graves daños al medio ambiente, así como a la salud de numerosas poblaciones aledañas.

Académicos, autoridades comunitarias y representantes de diversas asociaciones civiles objetaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y cuestionaron falta de transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Acusaron que esa dependencia se niega a dar información sobre la planta que se pretende instalar, así como los detalles de la extracción de agua para la elaboración de cervezas y la contaminación que se provocaría.

Según estimaron, se pretende deforestar un millón 300 metros cuadrados de la selva baja caducifolia, por lo que han interpuesto demanda para evitar el daño.

En conferencia de prensa, anunciaron que tienen una “buena ventaja jurídica”, ya que la empresa carece de título de propiedad de las tierras que utiliza y que son de uso común.

Remarcaron que la operación de esa compañía, originaria de Holanda, afectaría a familias de las comisarías San Antonio Tehuitz y Santa María Chí, además de colonias y fraccionamientos de Kanasín y Mérida.

Más aún vislumbraron impactos negativos hasta en la corriente del acuífero que se extiende hacia Ixil.

Librada Novelo Ventura, vecina de Hunucmá, describió que la fábrica cervecera en ese municipio ha ocasionado escasez de agua en los hogares, sin fuerza suficiente para subir a los tinacos.

Además, señaló, los pozos que utilizan los agricultores para regar sus plantíos están semisecos. Todo ello, a pesar de que en ese caso el complejo industrial sólo utiliza 11 de los 30 pozos que le autorizaron.

El comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Puc, denunció que no hubo consulta para dar a conocer el megaproyecto.

Frente a presuntas anomalías y la “notoria indiferencia” de la Semarnat y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se presentó querella el 15 de mayo de 2023.

Por su parte, Angélica Santiago Olvera, de San Antonio Tehuitz, afirmó que ese modelo de desarrollo afectará a la zona, por lo que buscan detener la obra.

Sin embargo, reconoció que la empresa “derrocha recursos pagando abogados, así como a funcionarios y algunos ejidatarios”, con tal de instalarse antes de concluir la administración estatal.

(LectorMx)