Mérida, Yucatán.- Representantes de artesanos-comerciantes de Chichén Itzá pidieron hoy al Gobierno de Yucatán que ponga por escrito y firme su propuesta de que no sacará a nadie de estos trabajadores independientes de ese sitio prehispánico.
Al denunciar que el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no sólo no hacen caso a sus demandas, sino que ahora pretenden dividir al movimiento.
“Se han encargado de dividir nuestro gremio de artesanos, entrometiéndose en la organización interna de la misma, dejando crecer intencionalmente nuestro problema que fue creciendo como una bola de nieve en nuestro perjuicio y a favor de los intereses de algunos empresarios e influyentes”, plantearon en un escrito.
Este sábado Mariana Mex Yam, Juan Pablo Euán Cen, Susano Pech Cen, Eladia Poot Poot, Nemesio Balam Noh, Felipe de Jesús Pat Chan, Gaspar Mis Caamal y Felipe Pat Chan, entre otros, ofrecieron conferencia de prensa en nombre de 800 socios.
Encabezados por el asesor jurídico, Villevaldo Pech Moo, el colectivo dio a conocer que continuará con su postura de no abandonar las inmediaciones de la zona arqueológica y que en días anteriores, debido a la falta de respuesta en el ámbito local, se trasladaron a la Ciudad de México para presentar su caso ante instancias federales.
Se quejaron de la desidia del Congreso del Estado, del Ejecutivo estatal y del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado (Indemaya), y de su “demora intencional por años” para la integración del estudio, censo y padrón que señala la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán, promulgado el 13 de abril de 2011.
Consideraron que dicho instrumento daría certeza jurídica y personalidad jurídica propia para defenderse en un juicio.
Entre sus peticiones para una mesa de diálogo citaron:
1.- Que las autoridades correspondientes expropien la propiedad privada (de aproximadamente 700 hectáreas a nombre de Cristina Beryl Perschbacher Backlund; Hans Jurgen Thies, entre otros), enclavados en la zona federal de Chichén Itzá, para que el Estado recupere su papel rector y oriente el beneficio hacia todos. Los ejidos enclavados en la zona citada no deberán ser afectados.
2.- Que el 15 por ciento de los ingresos en dinero que capta mensualmente el INAH y el Patronado Cultur del Gobierno del Estado de Yucatán en la zona de Chichén Itzá se destine para todo el municipio de Tinum, administrados a través de un Patronato honesto y responsable.
3.- Que se creen leyes que exenten de pago cualquier día del año a todos los yucatecos y avecindados en el Estado de Yucatán para ingresar a cualquier zona arqueológica abierta al público en la entidad y no sea únicamente los domingos. Lo anterior es para darle una mayor promoción a nuestra cultura.
4.- Que las autoridades del INAH y/o las que corresponden nos reconozcan formalmente nuestro espacio de trabajo acostumbrado, que es en el interior de la zona de Chichén, de donde no nos moveremos, debiendo contar con locales y/o puestos dignos y humanos, a fin de protegerse del sol y de la lluvia.
A pregunta expresa, Pech Moo explicó que Chichén Itzá tiene mil 547 hectáreas que corresponden a 3 ejidos: el de Xcalacop, Pisté y San Felipe.
El 30 de marzo de 2010, el Gobierno de Yucatán compró 59 hectáreas que abarcan las estructuras de El Castillo, el Templo de los Guerreros, la Plataforma de Venus y el Tzompantli (muro de las calaveras).
Además, el asesor jurídico indicó que el último diálogo con las autoridades estatales se dio en febrero de 2009 y que con la administración actual no ha habido contacto alguno.
