Mérida, Yucatán.- Un expediente judicial está abierto en contra de funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), entre los que se encuentra -como testigo– el recién electo presidente, Miguel Óscar Sabido Santana.

Se trata de una denuncia por falsificación de firmas en contra de un entonces visitador, Edwin Arcila Cordero, y quien fue imputado por el delito, en mayo pasado, por la juez de control Blanca Beatriz Bonilla García.

Sin embargo, Arcila Cordero -quien ya no está en la Codhey- no es el único involucrado el expediente; Sabido Santana también tiene su parte, según señala el denunciante y activista, Carlos Méndez Benavides, director de “Oasis San Juan de Dios”, un albergue para personas con VIH-Sida.

Méndez Benavides  recordó que la denuncia penal se derivó de una recomendación contra el Gobierno del Estado que él y sus representados habían ganado ante la Codhey, para extender la atención médica gratuita a todos los enfermos.

Como el Gobierno no respondía a sus demandas, el activista insistió durante un tiempo como la Codhey para que se ejecutara; pero nunca recibió una respuesta positiva. Sabido Santana era precisamente una de las personas que “daba la cara”, pero no resultados.

De acuerdo con Carlos Méndez, las negativas constantes para que pudieran conocer el estado de la recomendación y revisar el expediente eran inexplicables.

Temeroso de que algo ocultaba Sabido Santana, porque la manera en que negaba el expediente, a pesar de que él, como beneficiario de la recomendación tenían derecho a verlo, le pidió al entonces presidente José Enrique Goff Ailloud, que se lo entregara.

Con regaño de por medio -así lo describe Méndez Benavides-, Sabido Santana -quien era el jefe de Edwin- accedió dejarles ver el expediente; y el activista descubrió que habían no sólo falsificado su firma sino de la una mujer que ya estaba muerta.

Esto dio origen a la denuncia penal que está en proceso, pero que está prácticamente atorada por exigencias de la juez; los demandantes solicitaron que comparecieran tanto Goff Ailloud como Sabido Santana para que declaran lo que sabían sobre el proceder de Edwin.

A través de una carta -recuerda el denunciante- ambos funcionarios de la Codhey se mostraron dispuestos a colaborar, pero ninguno de los 2 ha sido llamado por la juez.

Méndez Benavides fue entrevistado sobre el estado de la denuncia penal, tras conocerse la elección de Sabido Santana como nuevo presidente de la Codhey; considera que los diputados que lo eligieron sabían de la denuncia, pero como hasta ahora todo apunta a que Edwin Arcila es el autor material e intelectual de la falsificación, la denuncia no manchará al nuevo funcionario.

¿Por qué Sabido Santana ocultaba el expediente?

El activista por los derechos de los enfermos de VIH-Sida recuerda que la recomendación en donde se falsificaron su firma y la de mujer que colaboraba con ellos, obligaba al Gobierno a pagar la atención médica afectados por la pandemia, en todas sus necesidades.

Se trata de una recomendación que recopilaba la lucha de varios años -desde 1999- por ganar demandas para que los enfermos recibieran atención médica; en el documento donde se falsificó su firma, el aceptaba que todo lo que no cubriera el Seguro Popular debían pagarlo lo propios pacientes, lo que era un contrasentido si se toma en cuenta que han luchado por ganar derechos no para perderlos.

Méndez Benavides asegura que estos ardides de los funcionarios tanto del Gobierno del Estado como de la Codhey ponen en riesgo la vida de unos 3,000 pacientes con VIH-Sida, en Yucatán, porque no está recibiendo la atención médica debida.

Recordó que en el informe internacional más reciente sobre la situación de la pandemia, en México, Yucatán aparece en primer lugar de muertes, y que esto “no es casualidad”.

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