Mérida, Yucatán.- Lejos de responder a las necesidades de las comunidades más vulnerables de la Península de Yucatán, el Tren Maya responde a intereses privados de los sectores industrial, comercial y de servicios turísticos que han desplegado una estrategia de inversiones a gran escala en la región.

Representantes del colectivo Geocomunes y del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible advirtieron que el Tren Maya forma parte de la expansión de un megaproyecto en la Península de Yucatán que beneficiará al capital de los sectores industriales, turismo, agronegocios y de energías renovables.

La ampliación de la oferta de transporte turístico y la creación de polos de desarrollo inmobiliario en cada estación (con inversión de 150 mil millones de pesos), fomentará la expansión del tsunami turístico inmobiliario hacia nuevos territorios.

Durante un foro denominado “Amenazas al territorio en la Península de Yucatán”, los activistas de dichas asociaciones no gubernamentales insistieron en que esta estrategia de desarrollo no implica beneficios a las comunidades y pueblos mayas, las cuales no han sido tomadas en cuenta para la definición de rutas del Tren Maya.

Adrián Flores Rangel, integrante del grupo Geocomunes y especialista del Instituto de Geografía de la UNAM, mencionó que el proyecto ferroviario implicará 17 estaciones, que a su vez detonará polos de desarrollo industrial, turístico e inmobiliario.

Recalcó que el tren Maya beneficiará a los inversionistas privados bajo un esquema de concesiones en tres modalidades de trasportación: carga (en horario nocturno), pasajeros y turístico.

Para ello, dijo, el gobierno federal, mediante el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y las Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, que encabeza Adolfo González Olvich, prevén lanzar las licitaciones para la participación del sector privado, una vez que se cuente con las especificaciones técnicas y definidos los trazos precisos del trayecto.

El Tren Maya vinculará los bienes que generan los parques industriales concentrados en Mérida, Cancún y Campeche. En este contexto, el proyecto de tren de carga pretender articular y fomentar el corredor industrial Campeche-Champotón-Mérida-Progreso que anteriormente estaba asociado a las Zonas Económicas Especiales, indicó.

Se ponen en riesgo los derechos de los pueblos y comunidades de la Península, así como la viabilidad y continuidad de los sistemas ambientales de la región con esta estrategia de megadesarrollo, dijo en su exposición en el foro realizado en conocido hotel de esta ciudad.

“Se trata de proyectos de inversión de capitales en gran y mediana escala que operan bajo una lógica de acumulación de riqueza a partir del despojo de bienes comunes como la tierra, agua, trabajo, cultura y conocimientos”, comentó a su vez Jazmín Sánchez, integrante también del colectivo Geocomunes.

Alertó de posibles daños graves –en algunos casos irreversibles– a los derechos de las poblaciones que radican en estos territorios, así como a los sistemas ambientales complejos que permiten la reproducción de la vida y la cultura en esos territorios.

En ese sentido, citó que los proyectos de energías renovables de igual manera responden a intereses corporativos ya que pretenden abastecer directa y únicamente a la industria, como son los parques eólicos de Dzilam Bravo y Tizimín que prevén atender las necesidades de energía del Grupo Mitza, en tanto que el parque solar de Oxcum, de Umán, a la planta cervecera del Grupo Modelo.

Otros ponentes abordaron también los proyectos de desarrollo inmobiliario y los agronegocios como parte del desarrollo del megaproyecto de expansión de capitales en la Península de Yucatán.

(Jesús Mejía)