Mérida, Yucatán.- Líderes sociales asistentes a la Octava Jornada Popular por el Derecho de Acceso a la Información Pública se pronunciaron hoy por la defensa de esta conquista ciudadana y por ejercerla de manera efectiva.
“El camino es largo y cansado. No permitamos que nos quiten nuestro derecho a saber, aunque se molesten”, pidió la organizadora del encuentro y presidenta de la Federación de Colonos Urbanos de Yucatán A.C. (FECUY), Blanca Estrada Mora.
En el arranque de las actividades que se extenderán durante una semana, cuestionó a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno que niegan y ocultan datos que corresponden a todos.
“La corrupción y la impunidad no es un cáncer, es una metástasis”, describió en su intervención, posterior a un panel de especialistas e invitados.
Entre las reflexiones e intercambios con la concurrencia, abordó el tema “bandera” que marcó el origen de estas reuniones: Cobijar, en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, con entregas irregulares de cobertores, incluso a personas ya fallecidas.
Un requerimiento de información al Gobierno del Estado, en ese entonces (30 de julio de 2009), recibió resolución hasta 2013.
En justificación, la Contraloría estatal contestó que la FECUY no pudo acreditar el domicilio de los beneficiarios que fueron involucrados en las anomalías.
“Es decir, no pudimos darles las direcciones de las tumbas de los muertos”, ironizó Estrada Mora, quien catalogó que lo positivo del caso es que implicó experiencia y aprendizaje.
En tanto, los panelistas plantearon un panorama de lo que hay y lo que pareciera que falta en la materia, de la necesidad de que los ciudadanos alcen la voz y ejerzan su derecho. De prepararse para enfrentar retos y obstáculos de los gobiernos.
Bonnie Azarcoya Marci, coordinadora de la línea de cumplimiento y mejora legislativa de la organización “Información Accesible y Rendición de Cuentas A.C. (IARAC), informó que el 4 de mayo de 2016 vence el plazo para que los estados armonicen sus legislaciones con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada el año en curso.
Ya armonizaron Jalisco, Querétaro y Coahuila; ocho ya tienen en sus congresos locales al menos una iniciativa y 21 todavía no la presentan.
Intervinieron, además, la empresaria Rita Farjat Vázquez, la activista Lizbeth Estrada Osorio y la ex consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marysol Canto Ortiz, con la moderación de José Antonio Gutiérrez Triay.
El llamado fue para evitar retrocesos en la homologación que tendrá que aplicar el Congreso de Yucatán, los cuales podrían ser introducidos en los tiempos de respuesta a las solicitudes de información.
Como conclusión quedó la propuesta de integrar “una agenda robusta” que articule la lucha de las agrupaciones y ciudadanos interesados en la materia.
En el curso de los próximos días, como parte del programa de FECUY, se promoverá el envío de preguntas a sujetos obligados y organismos garantes. Entre los primeros, destacan el Ejecutivo estatal, ayuntamientos, organismos independientes y partidos políticos.
