Mérida, Yucatán.- Empresarios yucatecos pretenden despojar de tres mil 500 hectáreas de tierras al ejido de Chocolá, en el municipio del mismo nombre, en otro caso en donde los afectados denuncian presunta colusión de funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA).

Afectados por esa operación se manifestaron hoy en la sede de la dependencia federal que en Yucatán encabeza el ex diputado local Omar Corzo Olán.

Ante el rechazo a las intenciones de los inversionistas, se inició ante la PA una convocatoria para asamblea, el próximo domingo 26 de febrero, en la que se buscaría la destitución del comisariado.

El asesor jurídico Rodolfo Macosay Cuevas, mencionó a Carlos y Raúl Abraham Mafud, así como a Jorge Lixa Dáger de estar detrás de este asunto.

El representante, al frente de los inconformes, citó que hay un engaño económico a 564 ejidatarios, ya que, por ejemplo, los hombres de negocio quieren pagar 40 mil pesos por hectárea al año en aprovechamiento, cuando obtienen ganancias por 40 millones de pesos.

“Aprovechándose de que consideran que el ejidatario no va a quejarse, no va a generar ninguna acción legal en contra de este engaño y hoy, con lo que han ganado estos hermanos Abraham, contrataron a ex funcionarios públicos, algunos en funciones y algunos que dejaron sus funciones para comprar tres mil 500 hectáreas, ilegalmente, del ejido de Chocholá”, dijo.

Según expuso, se han “inventado” derechos e inscrito a prestanombres para concretar la acción.

“Y entonces vemos en el padrón ejidal de Chocholá a gentes como Jorge Lixa Dáger, que es ejidatario, que es reconocido aquí en Mérida como comerciante, que lo dice textualmente y que hacen valer ante el presidente municipal, de ese momento, que era vecino de Chocholá y que por lo tanto, podía ser ejidatario, y que como no tenía nada para poder trabajar, pues le regalaban ahí unas 150 hectáreas al pobre”.

Contrario a ello, reprochó, los ejidatarios no han podido recibir las 27 hectáreas que le corresponde a cada uno para que puedan trabajar y tener el patrimonio de sus hijos.

Refirió que por “mal uso de la ley” han impugnado ante el Tribunal Agrario en 78 juicios diferentes las irregularidades donde se transforma selva a parcela y se otorga el dominio pleno para que sea vendida como tierra, sin importancia forestal, a estas grandes empresas que van a deforestarla para sacar piedras y procesarla en una calera.

“Entonces, ahora, como nosotros no hemos aceptado sus 80 mil pesos de indemnización; como no hemos aceptado estas ventas ilegales; como no hemos aceptado que ellos quieran manejar el ejido como se les antoja, entonces, a través de la Procuraduría Agraria, violando lo que marca la ley, convocan el día 17 de febrero en la noche, a las 9 de la noche, a que el próximo domingo 26 de febrero se genere una asamblea de destitución del comisariado”, explicó.

Macosay afirmó que es una grave violación a los derechos del pueblo de Chocholá, pues primero se tiene que solicitar la convocatoria por escrito al comisariado; y si éste no hiciera caso, al Consejo de Vigilancia; y si éste no hiciera caso, a Procuraduría Agraria.

“Y solicitamos la inmediata destitución del delegado de la Procuraduría Agraria, así como la suspensión de esta convocatoria, totalmente ilegal”, reclamó.

Resumió que en Yucatán “no se debe permitir que la PA sea manchada, sea utilizada para intereses de empresarios mezquinos y no se permita más el despojo de las tierras ejidales, así como la criminalización de la defensa de la tierra”.

(LectorMx)