El 8 de junio, el informe del Grupo de Trabajo de la ONU se presentará en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos y las autoridades mexicanas

El 12 de junio, habrá una conferencia de prensa donde se presentará la postura de Sociedad Civil

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El Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de la ONU (en adelante, el Grupo de Trabajo de la ONU) sobre su visita oficial a México en 2016, subraya cuatro temas que consideramos fundamentales desde sociedad civil:

El Grupo de Trabajo observó que hay que esforzarse mucho en concienciar a las empresas de su responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer la diligencia debida. En los informes que revisaron, las empresas no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos, y mucho menos cómo han abordado casos concretos de estas consecuencias negativas.

Señala que el Gobierno todavía no ha trazado pautas claras, ni ha fijado expectativas definidas para las empresas en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, tanto en México como en el extranjero. Con relación a las empresas de titularidad pública, el Gobierno no dispone de pautas y políticas claras para modificar la conducta de las empresas mediante las prácticas de contratación pública y el Grupo de Trabajo concluye que, hasta la fecha, el sector bancario de México ha prestado poca atención a sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

El informe exige que se respete el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. Además, reitera que: “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”. Sociedad Civil denunció que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y el territorio y en 28 casos, el acceso a la información.

El Grupo de Trabajo de la ONU denunció que: “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. Además “pudo comprobar la censura y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses y corrupción”. Desde sociedad civil, en el 62.5% de los casos de abusos relacionados con empresas documentamos amenazas y ataques.

Resulta fundamental y urgente que tanto el Estado, como las empresas, lleven a cabo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU y que: “los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán.”

El Grupo de Trabajo recomendó reforzar la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales para evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos. Y describe la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial.
Las violaciones a derechos humanos documentadas por el Grupo de Trabajo se evidencian en los 6 casos emblemáticos que reporta el Grupo de Trabajo de la ONU:

El Parque eólico de Eólica del Sur en Oaxaca, donde pueblos indígenas consideraron que: “todo el proceso de consulta estuvo viciado, porque ya se habían instalado parques eólicos en la región”.
Las intimidaciones, amenazas, falta de libertad, de seguridad e intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades en la consulta, ordenada por la Suprema Corte de Justicia, con relación al permiso de liberación al medio ambiente de soya genéticamente modificada de Monsanto, en Campeche y Yucatán, promoviendo la deforestación y la destrucción de las superficies de agua en la selva maya.
La falta de consulta del pueblo yaqui en el proyecto del acueducto y la alarmante situación: “…varios miembros de la comunidad han sido intimidados, detenidos o agredidos y algunos incluso han sido víctimas de desapariciones forzadas”.
El Proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan en donde se exhiben los ataques contra defensores y cómo “la constructora [parte de Grupo Higa], junto con unos 800 agentes de la policía estatal, destruyó varias propiedades”.
El peor desastre ambiental en la historia de la minería en el Río Sonora – donde los afectados denunciaron “la falta de transparencia sobre el nivel de contaminación y los planes para la rehabilitación del río, y el incumplimiento por la empresa de los compromisos contraídos para la construcción de plantas de tratamiento de agua y de una clínica de salud”.
Y, la alarmante contaminación industrial en el Río Santiago provocada por más de 300 industrias de capital nacional y trasnacional, en donde a pesar de la evidente contaminación industrial peligrosa, son las víctimas las que han de demostrar que su salud está siendo afectada.

Además, el Grupo de Trabajo de la ONU subraya el contexto de impunidad y desigualdad en el que se realizan las actividades empresariales: “La urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”. Lo anterior, también se refleja en los abusos laborales como los contratos de protección, el empleo temporal y la “preocupante” situación de jornaleros y jornaleras.