Mérida, Yucatán.- Los estados de la Península de Yucatán se encuentran en rezago con respecto al respecto de la República Mexicana en cuanto a mejora regulatoria o simplificación administrativa para la apertura de empresas, ya que un tercio de ellas considera dicha tramitología como un obstáculo para el desarrollo de negocios

Pese a los esfuerzos y avances que presume tanto el Ayuntamiento de Mérida como el Gobierno de Yucatán en la materia, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 señala que de un 22 a un 33 por ciento de las unidades económicas tienen percepción negativa sobre los trámites existentes para el logro de sus objetivos.

Puebla, Jalisco, Chihuahua y Baja California tienen el mismo problema.

En cambio la situación es diametralmente opuesta en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Querétaro e Hidalgo, y un tanto menos en el Estado de México y Ciudad de México, donde es menor el porcentaje de empresas que consideran los trámites una trampa, entre nueve y 19 por ciento.

Peor aún el hecho de que cerca del 50 por ciento de las unidades económicas consultadas manifestaron una opinión desfavorable sobre dichas cargas administrativas, al señalar que aumentaron o mantuvieron igual de mal en 2016, con respecto de 2015.

Durante 2016, 52.6 por ciento de los negocios consultados  –34 mil 681 en el periodo del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016–, pudo identificar costos monetarios al realizar acciones relacionadas con las regulaciones a las cuales estuvieron sujetas.

A nivel nacional, los costos de cumplimiento de las regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, lo cual representa 0.56 por ciento el PIB nacional, es decir, cada empresa gasto más de 48 mil pesos en promedio por esos procedimientos.

En Yucatán, un promedio de 859 empresas por cada diez mil unidades económicas dijeron haber sido víctimas de actos de corrupción durante 2016, cifra que es superior al promedio nacional de 561 y supera a 12 estados del país en incidencia. Campeche tiene un promedio de 814 y Quintana Roo 2 mil 77, el más alto del país.

Dichos números se refiere a aquellas unidades económicas que percibieron que los actos de corrupción por parte de los servidores públicos fueron “muy frecuentes” o “frecuentes” durante 2016.

El 64.6 por ciento de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites y el 39.4 señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones.

A nivel nacional, 561 de cada 10 mil unidades económicas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron al menos un acto de corrupción. Sin embargo, esta tasa se incrementa hasta un mil 317 unidades económicas por cada 10 mil para el caso de unidades económicas grandes.

(Jesús Mejía)