Mérida, Yucatán.- Con el fin evitar la coacción del voto y el uso de recursos públicos en campañas electorales, la Fiscalía Especial Para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) suscribieron un convenio de coordinación.

Dichos funcionarios rubricaron un acto más de buenas intenciones ante la escasa eficacia de las autoridades demostrada para la investigación y sanción de los delitos electorales, toda vez que continúa impune el caso de violencia en el municipio de Temax, Yucatán, en los comicios del 7 de junio de 2015 en el que fallecieron dos personas.

El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, la presidenta del Iepac, María de Lourdes rosas Moya, y la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Lissette Guadalupe Cetz Canché, rubricaron dicho acuerdo.

El fiscal electoral comentó que los próximos comicios del 1 de julio de 2018 serán los más complejos en la historia moderna y política del país, ya que, dijo, se abrirán 156 mil casillas para recibir el voto de más de 86 millones de ciudadanos.

Planteó que esta competencia política incluirá 30 procesos electorales locales en igual número de estados, un número mayor que supera a los comicios de 2015 cuando se renovaron gobiernos en 16 entidades federativas.

Advirtió que a las autoridades electorales no les debe importar quien vaya a ganar las elecciones, ya que su papel será la de procurar otorgar las garantías necesarias para que los procesos se realicen de manera transparente e imparcial y se garantice el ejercicio del voto directo, libre, personal y secreto.

Aseveró que México ha transitado de un sistema unipartidista y autoritario a uno democrático con un sistema plural de partidos políticos.

Estableció que el convenio busca establecer estrategias para el blindaje electoralm mediante procesos de capacitación con certificación, además de generar una cultura de la denuncia en la que la gente sea capaz de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.

Rosas Moya afirmó que la capacitación a los partidos políticos a los candidatos y a los servidores públicos será fundamental para prevenir y denunciar los delitos electorales. En ese sentido, dijo, los ciudadanos también serán vigilantes del proceso del voto libre y secreto.

La presidenta del tribunal resaltó el acuerdo de coordinación entre las tres entidades, ya que permitirá, dijo, establecer una estrategia de prevención y promoción de la cultura de la denuncia.

Remató su discurso con la idea de que el acuerdo contribuirá al fortalecimiento de la cultura democrática para avanzar en la consolidación de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos.

(Jesús Mejía)