Las voces que piden frenar la aprobación de la polémica iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que avala y regula la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad en México, van en aumento y ayer se sumó la de Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Jarab envió una carta al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero; a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los coordinadores parlamentarios de los partidos; y a los presidentes de las comisiones que dictaminarán la ley esta semana.
“La ONU-DH hace un llamado respetuoso al Senado de la República a no aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior”, se lee en la carta.
Considera que “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo”.
Además, “reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó en un comunicado su preocupación por el proyecto de ley porque en su opinión contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, e instó a que se modifique para evitar la militarización de la seguridad pública.
Por su parte, decenas de organizaciones civiles hicieron un llamado al Senado de la República a no aprobar la Ley de Seguridad Interior “y en cambio, abrir un diálogo nacional a favor de instituciones de seguridad pública y justicia civiles, profesionales y sujetas a rendición de cuentas”. Mientras tanto, el Senado de la República alista el debate.
(elsiglodetorreon.com.mx)
