Mérida, Yucatán.- Mientras que para el resto del país la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas a resolver, en Yucatán el principal reto son las deficiencias en los servicios médicos hospitalarios, expuso la especialista del tema de corrupción, Alejandra Ríos Cázares.
La directora adjunta de Desarrollo de Información Gubernamental, Índices e Indicadores de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI ofreció una conferencia sobre la corrupción, el cual para el 57 por ciento de los mexicanos es el principal problema después de la inseguridad.
En el caso de Yucatán, el mayor porcentaje de los yucatecos consultados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2017 refirieron la insuficiente y mala calidad de los servicios médicos que reciben, mientras que en un menor porcentaje (43 por ciento) consideró la corrupción como lastre.
Esto, coincide con el diagnóstico del subdirector de la Red Hospitalaria de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Alberto José Cervera Azcorra, quien en octubre de 2018 presentó un informe sobre el déficit de infraestructura hospitalaria en todos los niveles de atención en el estado, particularmente en los nosocomios de Tekax y el pediátrico México-Corea.
En el foro “Diagnostiquemos la salud, procuremos una cura”, organizado por el Senado de la República y celebrado en la Universidad Marista, el funcionario reveló entonces que en ambos hospitales, así como en la red de infraestructura en general, aún existe déficit para lograr la accesibilidad, equidad y justicia social.
Este lunes, en su conferencia magistral “El impacto de la política pública anticorrupción en las estadísticas”, Ríos Cázares compartió que derivado de una encuesta sobre percepción sobre la corrupción, los consultados de Quintana Roo y los estados del norte consideran el tema como el más preponderante.
Los sectores más recurrentes en corrupción, según ese análisis: las policías, partidos políticos, gobierno federal, diputados y senadores, gobierno estatal, gobierno municipal, ministerio público, organismos electorales, jueces y magistrados y medios de comunicación.
También que el 18 por ciento de las unidades económicas del país consideran la corrupción como un factor que obstaculiza su desarrollo, después de la inseguridad, el aumento de los insumos, la economía informal y la falta de apoyos gubernamentales.
La especialista identificó dificultades para detectar y denunciar los actos corrupción sobre todo en el ámbito del sector público y en los tres poderes, y advirtió como un faltante los informes documentales sobre el actuar de los servidores públicos, los cuales son prácticamente inexistentes en los tres órdenes de gobierno.
En entrevista, reconoció que sólo con nuevos instrumentos legales de vigilancia y control, de manera paralela con programa permanente de difusión de valores y el fomento de educación de calidad se podrá contrarrestar este flagelo que afecta al país.
Luego, informó que el INEGI dispone de otras encuestas nacionales, aunque menos exhaustivas, que permitirán en el futuro contar con información sobre el tema, entre ellas las de victimización y percepción sobre seguridad pública, de victimización de empresas, de seguridad pública urbana, de estándares y capacitación profesional policial, de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia.
En su exposición estuvieron presentes empresarios y representantes de organismos de derechos humanos y de anticorrupción, así como diversos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y cuyo salón principal fue sede.
(Jesús Mejía)
