Mérida, Yucatán.- Tras aprobarse a nivel de comisiones el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 con un recorte del nueve por ciento para estados y municipios, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de Yucatán advirtieron que esta medida pone en riesgo sus labores de asistencia social.

A casi dos años de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió suspender subsidios a las OSCs, a lo que se sumó la extinción de fideicomisos, los directivos reprobaron estas acciones ya que el gobierno, dijeron, “no lo puede hacer todo”.

Indicaron que los recortes presupuestales a los estados aprobados este martes por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados –que votará el pleno antes del 15 de noviembre–, colocan a las OSC en mayores aprietos, ya que muchas de ellas reciben el respaldo económico del Ejecutivo local.

De acuerdo con el parte oficial, Yucatán tendrá una reducción en términos reales del 6.2 por ciento en sus participaciones, de 16 mil 46 millones de pesos –en el PEF 2020– a 15 mil 582.2 millones de pesos, o sea 464 millones de pesos menos.

Líderes de organizaciones yucatecas altruistas y de asistencia sin fines de lucro, de las que se calcula operan más de 450 en el estado, reprobaron en entrevistas por separado que las acusaciones de corrupción a algunas OSCs afecten a las que sí realizan tareas de asistencia a los grupos vulnerables.

Consideraron injusto generalizar y que por culpa de algunos “todos tengan que pagar los platos rotos”.

Sergio Pech, presidente de la Fundación UADY; Esperanza Bernés Rivera, tesorera del Patronato Casa Hogar para el Desamparado; Susana González, tesorera de la Fundación Tócate, y Nelly Cantón Méndez, presidenta del Club Especial de Ayelem, criticaron los criterios de la Federación en el tema.

Informaron que las OSCs en Yucatán cuentan con Registro Estatal de OSC y sistemas de control sobre el gasto de fondos de origen gubernamental, por lo que antes de desaparecer los apoyos, el gobierno federal debió revisar cuáles se encuentran en opacidad o vinculadas a la corrupción.

La representante de la Fundación Tócate calificó como “irresponsable” la postura de la administración de López Obrador, toda vez que las agrupaciones, dijo, cumplen una función social importante, además de que están sujetas a mecanismos de control y transparencia muy estrictos.

Las restricciones en recursos, dijo, afectaron a la fundación, ya que antes atendían en una jornada de detección hasta a 400 mujeres, pero hoy son varias decenas, labor que se realiza con aportaciones de empresas privadas y donativos de particulares.

“No somos una organización fantasma,” puntualizó.

Para Nelly Cantón, que encabeza un colectivo de ayuda a personas con deficiencia mental y Síndrome de Down, expuso que el gobierno no lo puede hacer todo, que requiere de la labor de las OSCs para atender a sectores más desprotegidos de la sociedad.

Refirió que antes contaban con becas de ayuda y de transporte con recursos federales para sus beneficiarios, los cuales tienen respaldo del gobierno del estado y del Ayuntamiento de Mérida.

Para Sergio Pech, calificó la eliminación de subsidios como “golpe muy radical” pese a la labor de las OSCs, las cuales, apuntó, deberán buscar otras fuentes de financiamiento, tal como sucede con la Fundación UADY que cuenta, incluso, con apoyo de organismos internacionales.

Los directivos consultados aseguraron, que aunada a la limitada movilidad por la pandemia del Covid-19, enfrentan otras amenazas: los ajustes al pago del Impuesto Sobre la Renta y la desaparición de donativos deducibles de impuestos a partir de 2021, según lo anunciado por las autoridades hacendarias.

(LectorMx)