Mérida, Yucatán.- Integrantes del comisariado ejidal de Chocholá expusieron que son víctimas de despojo de unas 140 hectáreas de terrenos ejidales, cuyos invasores las utilizan para obtener beneficios económicos de los programas federales.

La presidenta de la organización, Maritonia Flores Rosado, señaló a su antecesora, Claudia Fabiola Cob Durán, “y cómplices” de ser responsables de estos ilícitos con el aval del representante federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

Según su queja, suman unas 25 familias las afectadas por la invasión paulatina de tierras desde hace un año y medio, cuando Cob Durán fue destituida de su cargo por mandato de asamblea.

Refirió que estas conductas no son nuevas, ya que en el año 2017 esa ex dirigente fue detenida por la policía estatal luego de que con un grupo de 25 personas, algunas de ellas armadas con escopetas, invadieron áreas ejidales en el mismo municipio.

Por ello, se abrió averiguación previa en la agencia de la Fiscalía General del Estado en Maxcanú.

En rueda de prensa, tres de los presuntos afectados: Silverio Novelo Martín, Efraín Novelo Martín y Gregoria Simá Martín explicaron con planos el despojo del que se dicen víctimas y mostraron documentos, tanto la constancia de posesión de parcelas como el certificado de derechos.

Flores Rosado declaró que los invasores han obtenido acceso y beneficios económicos del programa federal Sembrando Vida pese a carecer de títulos que acrediten la legalidad de las tierras.

Acusaron que los beneficiados, además de recibir más de cuatro mil pesos cada uno, han utilizado parte de las tierras para la obtención de carbón, lo cual no está previsto en el programa Sembrando Vida.

Junto a Cob Durán involucraron a Julio Paredes Sosa, Juan Bautista del Rosario Quintal Quintal y Manuel Jesús Quintal Novelo, quienes reciben de manera ilícita recursos públicos con el aval de Antonio Cauich e Isabela González, funcionarios del gobierno federal.

Esas personas no cuentan con la documentación idónea, de acuerdo a los lineamientos del programa federal, lo cual constituye un acto de corrupción, recalcó la presidenta del comisariado de Chocholá.

En contraposición a las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en Yucatán, Cob Durán ha promovido reuniones y recursos legales para solicitar amparo en contra del proyecto del Tren Maya, cuando la mayoría de los ejidatarios de Chocholá respaldan ese proyecto, aseveró Maritonia.

Demandó al Tribunal Agrario haga valer la ley y a las autoridades federales a que revisen la lista de beneficiarios de los programas y se atiendan a los verdaderos y auténticos propietarios de las tierras ejidales.

Flores Rosado reveló que el comisariado que preside cuenta con 565 ejidatarios con 15 mil hectáreas.

(LectorMx)