Mérida, Yucatán.- Las reformas al Poder Judicial del Estado de Yucatán (PJEY) y la designación de nuevos magistrados acumulan creciente rechazo, mientras el fallo de un Juzgado federal de Distrito sobre una posible suspensión definitiva permanece en el limbo por ahora.

A la fecha suman cuatro amparos en contra de los cambios en el PJEY: dos sindicales, uno del juez de control Santos Alfredo May Tinal y otro conjunto de los magistrados Ingrid Ivette Priego Cárdenas, Leticia del Socorro Cobá Magaña y José Rubén Ruiz Ramírez.

Patricia Solís Reyes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del PJEY, informó que además del recurso de amparo contra las reformas interpondrán otro de inconformidad por el nombramiento de magistrados sin carrera judicial.

Al igual que el Sindicato Progresista de Trabajadores del PJEY, acusó que se ha vulnerado la autonomía del Tribunal de Justicia del Estado y los derechos laborales de la base.

“En el caso de nosotros, los sindicatos, interpusimos el amparo el 27 de mayo, pero lo negaron el 30 del mismo mes, pero vamos a insistir y, de haber rechazo, recurriremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, advirtió en conferencia de prensa.

Y señaló que las agrupaciones gremiales se inconformarán contra el Reglamento Interior de Trabajo, el cual consideró punitivo, ya que coloca en situación vulnerable de despido a los trabajadores, si no aprueban un examen.

Según asesor legal, Óscar Sauri Bazán, las reformas al PJEY son anticonstitucionales dado que no se respetó su autonomía y la división de poderes, tampoco se llamó a consulta y parlamento abierto para diagnosticar con la ciudadanía la problemática de esa institución.

En su calidad de representante legal del sindicato que encabeza Solís Reyes, adelantó que harán ampliación del amparo en contra de la imposición de magistrados que carecen de carrera y preparación judicial, ignorando, dijo, todo el bagaje y experiencia del personal capacitado.

De acuerdo con el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal, este viernes se efectuó la audiencia incidental sobre el amparo promovido por el juez May Tinal, pero hasta el momento no se conoce el sentido de la resolución: si procede o no la suspensión definitiva en el proceso de designación de magistrados.

En tanto, por mayoría, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y Justicia y Seguridad Pública aprobaron el proyecto de dictamen en el cual se establece que las ternas de candidatos y candidatas cumplen con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJE).

Previamente, los diputados de las comisiones presenciaron las exposiciones de la última terna de candidatas y candidatos para ocupar el cargo del magistrado Ricardo Ávila Heredia.

Los postulantes son Silvia Bolio López, Alejandro Rosado Novelo y Carolina Canto Valdés.

Al respecto, el coordinador de la Fracción Legislativa del PAN en el Congreso local, Víctor Hugo Lozano Poveda, defendió la legalidad del trabajo realizado, con vocación ciudadana.

Quienes nos eligieron pidieron trabajar por ellos y para las familias yucatecas, apuntó.

“Creo que demasiado polarizado puede darse el ambiente y que se ha partidizado este tema de la designación de magistrados, en vez de estar pensando en cómo vamos a mejorar el sistema de impartición de justicia, tal pareciera que se invoca una inconstitucionalidad de los actos del poder legislativo”, observó.

El diputado reveló que, a la fecha, ni un solo juez de la Federación ha determinado, como desapegados de la Constitución, los actos emitidos por el Poder Legislativo del Estado de Yucatán.

Con respecto a críticas y reclamos, reviró que “se podrán decir muchas cosas, pero a la hora de los hechos les asiste la razón jurídica”.

Como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y líder de la bancada panista garantizó respeto al estado de derecho.

(LectorMx)